El Gobierno apela a la experiencia y jurisprudencia internacional para afirmar que la consulta es válida fuera del TIPNIS o en comunidades aledañas; alude al ejemplo colombiano. Analista dice que esta nueva estrategia debe ser validada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP.
“Lo importante de la consulta es que la gente que vive en la comunidad decida su destino. Lo ideal es que se dé en su propio lugar de vivienda, pero ante ciertas dificultades, hay experiencia mundial válida que permite, que justifica un pequeño desplazamiento de hombres y mujeres de la comunidad para que definan su destino. Considero que si fuera necesario eso, habrá que hacerlo, es democrático y es correcto”, afirmó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Como ejemplo, la autoridad se refirió al caso de Colombia, donde la consulta se aplicó en otros lugares. La Ley 222 no define específicamente esa modalidad —reconoció—, pero reiteró que ejemplos del mundo dan cuenta de que este nuevo planteamiento que hizo la pasada semana el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “es correcto, es válido y hay jurisprudencia internacional de ese tipo de consultas”, destacó García Linera.
Al respecto, el analista Marcelo Silva explicó que es posible asumir ese tipo de mecanismos para ejecutar el proceso, en base a jurisprudencia extranjera, pero que el procedimiento debe ser validado a través de una resolución del Tribunal Constitucional.
“Es posible hacerlo. Hablar de jurisprudencia quiere decir acatar o tomar como modelo un hecho acontecido en otro país, pero esa interpretación la debe hacer el Tribunal Constitucional; ésa es la única instancia facultada para analizar y, luego, dar luz verde a una resolución para aplicar jurisprudencia internacional”, señaló.
Legalidad. Además, Silva indicó que existe un vacío legal para el traslado de la consulta fuera del TIPNIS, en el entendido en que la Constitución Política, la Ley de Régimen Electoral y la Ley 222 no establecen “la posibilidad de que en caso de impedimento, se trasladen a las comunidades para hacer la consulta a regiones aledañas o fuera del territorio indígena”.
En el ámbito jurídico, este vacío legal también debería ser interpretado y subsanado por el Tribunal Constitucional, indica el analista. En lo político, en cambio, hacer una consulta en una comunidad aledaña, “tratando de alguna manera de forzar la realización de la consulta sin acuerdos o procesos de concertación previos con ciertas comunidades que impiden el paso a las brigadas del Órgano Ejecutivo, le restaría legitimidad al proceso”, agregó el politólogo Silva.
En tanto, García Linera aseguró que el proceso continúa y que de las 44 comunidades consultadas el 99% rechazó la Ley 180 de Intangibilidad; agregó en estos días dos tercios del TIPNIS serán parte de la consulta.
“Estamos cerca del 63% de comunidades consultadas, si todo va bien habrá dos tercios de comunidades consultadas; es un hecho absolutamente democrático que muestra la certeza, la validez y la justeza en la aplicación de esta ley. De este 63% consultado, el 99% ha rechazado la intangibilidad porque le daña su economía y ha aceptado que se construya una carretera”, acotó.
Por su parte, el jefe de la bancada opositora en Diputados, Luis Felipe Dorado (CN), pidió al Gobierno acatar la ley y respetar los usos y costumbres de los indígenas; asimismo, no descartó recurrir a instancias internacionales para denunciar que se vulnera la Constitución si se traslada comunidades de una región a otra para ser parte de este proceso.
“El Gobierno tiene que respetar las leyes que aprueba, ahora se pone a interpretar la Ley 222. De seguro el Gobierno va trasladarlos a Trinidad para que avalen su carretera antiecológica y como a los de la marcha del Conisur tratarán de comprarlos con regalos”, comentó.
Se prevé ingresar a 5 pueblos
Labor
Desde Sifde informaron que esta semana se prevé ingresar a unas cinco comunidades para realizar la consulta, según la cercanía de las mismas y las condiciones climáticas.
Amenaza
La Cidob (sector Adolfo Chávez) indicó que si familias o corregidores salen de sus comunidades para participar de la consulta en otra región serán castigados por usos y costumbres, es decir, latigazos o expulsión de sus tierras.
Justicia paceña recibe amparo y acción contra el proceso
La vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Aida Luz Maldonado, informó que ayer por la mañana llegaron a esa institución judicial el amparo constitucional y la acción popular que, en julio y agosto, dirigentes indígenas presentaron contra la consulta en el parque nacional TIPNIS.
“Esta mañana (por ayer) ha llegado la acción de amparo constitucional y ha sido admitida; teniendo en cuenta el término de las distancias hay que notificar a muchas personas. Vamos a analizarlos y determinar lo que en derecho corresponde. Tenemos que señalar día y hora dentro de las 48 horas”, explicó la magistrada.
El amparo fue presentado por Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS, y la acción, por Rafael Quispe; ambos recursos demandan al Ejecutivo cumplir la sentencia 300 del Tribunal Constitucional que pide concertar el procedimiento de la consulta.
Gobierno reitera: Sin censo no hay dinero
El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró que población que no sea parte del censo no accederá a los recursos de coparticipación para salud y educación, en referencia a las 40 comunidades del TIPNIS donde el INE no pudo ingresar para ejecutar la actualización cartográfica.
“Población que no se hace censar, ciudadano que no se hace censar, no queda registrado en la asignación de recursos; simple, si hay alguna población que no quiso hacerse censar, cuando se tenga que distribuir los recursos del Estado para salud, educación, no va estar registrada y no tendrá derecho a reclamar”, aseveró.
El Censo de Población y Vivienda está previsto para el 21 de noviembre. Sin embargo, hasta el 21 de septiembre, 40 pueblos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS, no fueron registrados debido a problemas de logística y acciones de resistencia por parte de dirigentes indígenas y activistas.
García criticó estas actitudes y calificó de “criminales” estas acciones que sólo afectarán a las comunidades que ya no serán parte de los planes de desarrollo. “Tengo que lamentar que por la presión de algunos dirigentes que reciben salarios del extranjero, que no se preocupan de la plata aquí, porque sus salarios están garantizados por alguna institución extranjera, están arruinando a los pobladores”, criticó el Presidente en ejercicio.
Agregó que “el afectado no va ser el dirigente, sino la comunidad, porque cuando tenga que distribuirse la coparticipación tributaria no van a estar las personas registradas y no habrá dinero y van a tener problemas de inversión en salud y educación”.
