Delegados de presos de los nueve departamentos impulsan una ley de indulto para paliar el hacinamiento en las cárceles del país. La norma también es recomendada por el ILANUD, que sugiere una reunión del Presidente y autoridades del Órgano Judicial para analizar a quiénes liberar.
“Lo que se pide es un indulto para personas de la tercera edad, enfermos mentales, terminales, personas que hayan caído por primera vez, que hayan cumplido más de tres años sin tener una sentencia ejecutoriada”, explicó Límber Pórcel, representante de los presos de San Pedro de La Paz.
Esta propuesta es manejada como un paliativo para el hacinamiento, pues consideran que hay fallas en la administración de justicia. Reynaldo Cuita, delegado del penal Santo Domingo de Cantumarca, Potosí, dijo que sólo 60 reos, de 330, de ese centro tienen condena y que la construcción alberga al doble de su capacidad.
Félix Ferreira, que representa a los seis penales de Cochabamba, indicó que esos recintos sobrepasaron en más de 200% su capacidad. “Los niveles de hacinamiento son exorbitantes y por falta de espacios se frustran actividades laborales y educativas”, manifestó.
Alternativa. Además de analizar una ley de indulto para despoblar las cárceles y después trabajar en una reforma carcelaria, Rubén Martínez, delegado del penal de Morros Blancos, Tarija, planteó una experiencia desarrollada en su distrito: “Autoconstrucción”. “Hemos optado por tomar la iniciativa en temas de rehabilitación, terapia ocupacional y autoconstrucción. Estamos pensando conseguir materiales de la Gobernación, la Alcaldía y otras organizaciones para que los compañeros puedan construir sus viviendas (celdas)”, señaló.
Los delegados mencionados, entre otros, participan de un seminario sobre Criminología en la ciudad de La Paz, evento en el que debaten estos temas junto a expertos como Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente ILANUD.
“Es un delito enviar gente a una cárcel donde hay 300 privados de libertad cuando debería haber 100”, dijo Carranza a este diario, para luego plantear que una solución de emergencia sería que el Presidente o sus representantes se reúnan con el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y Defensa Pública para analizar el problema en común y ver a quiénes se saca de la cárcel. Sugirió reducir el uso de la detención preventiva.
Ministerios proyectan el ‘perdón’
Labor
Propuestas de una ley de indulto son trabajadas por los ministerios de Gobierno (a través de Régimen Penitenciario) y de Justicia. En ambos casos, pese a que se acercan a las demandas de los reclusos, se centran en otorgar el beneficio a quienes tienen una sentencia.
Alcance
Límber Pórcel, delegado de San Pedro, señala que sólo el 1% de los internos de ese penal se beneficiarían con los proyectos planteados a la fecha. Sugieren un “perdonazo” y que todo preso pueda postular.
