Chile requirió hoy a la Gobernación de Potosí información sobre el uso de aguas del Silala para proyectos hídricos de aprovechamiento piscícola en la zona. El gobernador potosino, Félix Gonzales, anunció que ese departamento hará un ‘corte temporal’ del Silala por obras.
«Se ha instruido al Consulado General de Chile en La Paz, reiterar la solicitud que se proporcione información útil y oportuna de los aludidos proyectos, previo a su materialización, a fin de evaluarlos debidamente y prevenir cualquier daño a este recurso hídrico compartido, en especial aquellos de carácter medioambiental que pudieran producirse por la contaminación de las aguas», dice un comunicado divulgado en la capital chilena al que tuvo acceso la ABI.
Bolivia declaró en 1999 extinguido el acuerdo que permitió la canalización de los recursos hídricos del Silala a través de un sistema artificial de acueductos, para abastecer a ciudades del norte de Chile. El Gobierno chileno alega que se trata de un curso de agua internacional.
En 2010, las cancillerías de ambos países convinieron un pago de cinco millones de dólares año por parte de Chile por el uso de las aguas. El convenio no fue ratificado por el Legislativo boliviano.
Gonzales anunció que el proyecto de criadero de peces comenzará a fin de mes y que requerirá una inversión de medio millón de bolivianos. «El proyecto empieza a fin de mes, porque se trata de una zona muy difícil y el cemento no puede ni siquiera fraguar por el problema del frío y estimamos que el trabajo finalizará en enero de 2013», sostuvo.
El reclamo boliviano por las aguas del Silala fue incorporado en la Agenda de 13 puntos que ambos países negociaron entre 2006 y 2010.
Las diferencias históricas de Bolivia y Chile, signadas por el secular reclamo boliviano de una salida soberana al mar se ahondaron las últimas semanas después que el gobierno del presidente Evo Morales emplazara a La Moneda la revisión del Tratado de 1904, que selló la mediterraneidad del país andino amazónico desde 1879.
Chile rechazó la consideración del Tratado que Bolivia considera «injusto, impuesto e incumplido».
