El Gobierno no cuenta con un registro exacto del número y estado de casas, haciendas, vehículos y otro tipo de propiedades y objetos incautados a narcotraficantes, por lo que dispuso una auditoría para transparentar su administración. También instruyó la desclasificación de procesos judiciales para establecer el destino de 10 millones de dólares incautados en operativos antidroga.
La responsable de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, informó a La Razón Digital que la deficiencia de registro es estructural y que se arrastra desde el año 2004, aunque el 2006 –recordó- empezó un proceso orientado a contar con datos actualizados y precisos sobre estos bienes.
“Tenemos grandes problemas en esos campos”, admitió y añadió que los bienes incautados son dados en custodia y en comodato, por ejemplo a gobiernos municipales, en cumplimiento de normas vigentes. Domo ejemplo, dijo que al menos 400 motorizados fueron entregados en comodato por un año, de los que no existe registro de su estado, ya que las autoridades que los recibieron no los devolvieron.
“Vamos a pedir que se nos repongan esas movilidades. Vamos a enviar cartas notariadas y solicitadas, sino asumiremos las acciones que sean necesarias”, anunció.
A partir de los resultados de la auditoría, los vehículos deben ser devueltos o permanecer en manos de los gobiernos municipales, previa renovación de los contratos de comodato. Mucha de la documentación de propiedad de este tipo de bienes es incompleta y en algunos casos inexistente, lo que dificulta la labor de control”, señaló Jiménez.
“La mayoría de los predios (incautados) no tiene papeles en orden, no sabemos si tienen sus papeles debidamente legalizados (…) Tenemos que hacer mucho seguimiento, mucha investigación. Hay registros, por ejemplo en Santa Cruz, de la anterior gestión de Gobierno, que los hemos encontrado botados, documentos archivados y a los que se les ha sustraído hojas para hacer perder la ubicación del predio”, reveló.
Las debilidades en Dircabi fueron reveladas tras el caso del asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Vedia, quien fue sorprendido el 8 de septiembre conduciendo una camioneta Nissan Frontier reportada en 2008 como robada en Chile e incautada al narcotráfico en 2011. Las investigaciones establecieron que un exfuncionario de Dircabi le entregó el vehículo.
Jiménez informó que están registrados alrededor de 11 mil bienes incautados al narcotráfico en los últimos ocho años, entre los que también figuran armas de fuego y sustancias controladas, como ácido sulfúrico y metanol. También existe el registro de 10.7 millones de dólares incautados a presuntos narcotraficantes.
En 15 cuentas bancarias que dispone Dircabi se encuentran depositados 10.700.000 dólares, de los que no se conoce si pasaron de incautados a confiscados por orden judicial. Informó que ordenó la desclasificación de causas para conocer si esos dineros fueron confiscados, porque de ser así deben pasar al erario nacional.
“Tenemos abogados trabajando en la desclasificación de causas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Si ha cambiado el estatus de incautado a confiscado, el dinero pasará a cuentas del Tesoro General de la Nación”, insistió la autoridad.
Las casas, haciendas, predios rústicos y otros son tutelados por custodios, mientras que las aeronaves confiscadas al narcotráfico son entregadas a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
