Con la puesta en marcha del proyecto piscícola en el Silala se pretende beneficiar a 673 familias (2.690 habitantes) del municipio de San Pablo de Lípez, que consumirán la carne de trucha, la venderán para generar recursos y podrán ser parte de los proyectos turísticos que se avizoran para la región, junto a otros planes de desarrollo que ejecutará la Gobernación de Potosí.
Asimismo, cuando la planta comience a operar precisará de personal para la crianza de truchas, generando así 30 empleos directos. “La zona está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por tanto, este proyecto servirá para mejorar la calidad de vida de la gente de la región”, afirmó el gobernador potosino, Félix Gonzales.
Se prevé que la planta piscícola, ubicada a tres kilómetros de la frontera con Chile, comience a operar en enero de 2013; el proyecto está orientado a producir y multiplicar la trucha tipo Arco Iris, que puede llegar a medir 50 centímetros y pesar hasta dos kilogramos.
Por año, se pretende producir 28.800 alevines (crías recién nacidas de peces) con un estimado de 25% de mortandad, lo que significará una producción total de 21.600 truchas.
Para ejecutar estos trabajos, el Gobernador potosino dijo que ya se coordinó con la Cancillería y otras autoridades nacionales; asimismo, se cuenta con la colaboración del Ejército. En abril de este año, Potosí firmó un convenio con las Fuerzas Armadas para la construcción de la planta piscícola, en la zona donde nacen los manantiales del Silala.
Además, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria, a través del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), realizará el control y fiscalización de la producción de las truchas.
Informe. Luego de que La Razón publicó una nota informativa sobre el proyecto piscícola en el Silala, el Gobierno de Chile solicitó a su consulado en La Paz que pida información a las autoridades bolivianas sobre la construcción de esta planta.
El comunicado difundido por la Cancillería chilena solicita que “se proporcione información útil y oportuna de los aludidos proyectos, previo a su materialización (…) y prevenir cualquier daño a este recurso hídrico compartido, en especial aquellos de carácter medioambiental que pudieran producirse por la contaminación de las aguas”.
Al respecto, el gobernador Gonzales dijo que a la fecha no recibió ninguna solicitud oficial al respecto, pero que si la Cancillería boliviana lo pide, él enviará toda la documentación pertinente. “Si la Cancillería nos manda la nota, elevaremos nuestro informe y ahí deberán valorar; con base en ello, tomarán una determinación de enviar o no esos informes (a Chile), de acuerdo con la jurisdicción internacional. Nosotros seguiremos con el proyecto en el marco de nuestro desarrollo y soberanía”.
Agenda de 13 puntos
El Silala es parte de la agenda de 13 puntos que encaró la Cancillería boliviana, durante el periodo de relación con la entonces presidenta de Chile Michelle Bachelet, habiéndose llegado en 2009 a un preacuerdo de compensación a Bolivia, por el uso del 50% de las aguas, éste quedó pendiente.
Polémica sobre la ‘deuda histórica’ que tiene Chile
El pago de la “deuda histórica” que tiene Chile con Bolivia y un tratado de cancelación parcial por el uso de este recurso abrió polémica entre el Gobierno y los cívicos de Potosí.
El vicepresidente Álvaro García Linera recordó que el Ejecutivo, ante el incumplimiento de los tratados, optó por la obligatoriedad de un pago por el uso de las aguas.
Sin embargo, dijo que la dirigencia cívica potosina impidió que se firme el acuerdo que establecía la cancelación del 50%.
“Si es que no hubiera habido esa actitud, seguramente ahora el agua que ha transcurrido hubiera dejado recursos para la región, para el municipio y los habitantes hubieran estado aprovechando de ello”, afirmó.
En esa línea, el gobernador Félix Gonzales calificó como una “traición” de los cívicos al no dejar avanzar el acuerdo bilateral.
El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Celestino Condori, manifestó que “no firmamos ningún convenio internacional; el Gobierno se lava las manos al decir que hemos tenido la culpa por no tener los ingresos por el Silala. No hemos rechazado el acuerdo, sólo se ha observado algunos términos del documento, a raíz de eso el Ejecutivo, no sé bajo qué cálculo político, no firmó el acuerdo para solucionar el pago”.
