Familiares de víctimas de octubre de 2003 plantean que la Asamblea Legislativa Plurinacional dé curso a una segunda fase del juicio de responsabilidades e incluya a Manfred Reyes Villa y Jaime Paz, entre otros, que eran parte de la coalición del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Hubo una coalición de gobierno que autorizó, dio curso y permitió que se cometan esos delitos perpetrados en octubre de 2003”, afirmó el abogado Freddy Ávalos, representante legal de la asociación de personas que resultaron heridas en esas jornadas.
El jurista indicó que, en ese marco, no se puede endilgar la responsabilidad absoluta a Sánchez de Lozada, por lo que se planteará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa y otras autoridades del Ejecutivo sean parte de un segundo proceso. “Vamos a pedir que el presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, pueda autorizar la fase II del juicio de responsabilidades por Octubre de 2003”, donde fallecieron 72 personas.
Además, sugirió incluir en este proceso a Juan Antonio Morales, el entonces presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), por haber permitido que se haga el retiro de grandes cantidades de dinero de esas arcas. Aseguró que este nuevo proceso podría incluir al menos a 15 personas, entre ellas José Luis Harb (MNR), exviceministro de Gobierno en 2003.
“El Congreso seguramente aprobará esta solicitud; tenemos el documento plasmado, que íbamos a presentarlo hoy (por ayer), pero lo oficializaremos la próxima semana”, anunció. El abogado que patrocina a la Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas, Rogelio Mayta, aseveró que es posible iniciar una segunda investigación, también a las personas citadas por Ávalos, pero adujo que esa decisión le corresponde en gran medida al Fiscal General del Estado.
Manifestó que hay muchas personas implicadas en la masacre de octubre de 2003 y que tienen responsabilidad política, pero a diferencia de la solicitud que pretenden los familiares de los heridos, de momento se abocarán a impulsar el proceso de extradición.
Mayta arguyó que costó mucho trabajo arribar a una sentencia contra siete responsables de las muertes de esas jornadas y que, en función de esa experiencia, corresponde centrarse en conseguir la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
En septiembre, Estados Unidos hizo conocer la negativa para conceder la extradición. En repudio a ese rechazo y al recordar nueve años de la masacre, ayer miles de vecinos y sectores sociales de El Alto protagonizaron una marcha desde la Ceja hasta la embajada norteamericana.
La diputada Norma Piérola, de Convergencia Nacional (CN), rechazó la posibilidad de que la ALP pueda dar curso a la apertura de un nuevo juicio de responsabilidades por el caso Octubre. “No es factible; como parte del Órgano Legislativo y como abogados sabemos que hay dos decretos —yo los llamo de la impunidad, dictados por Carlos Mesa Gisbert— que establecen una especie de amnistía para todos los (involucrados en) delitos e ilícitos ocasionados en ese entonces”, explicó la legisladora.
Esa amnistía, según Piérola, benefició sólo a los protagonistas de esas movilizaciones. “Reyes Villa nunca fue parte del Gobierno, entró a la coalición un mes y medio antes de octubre de 2003, por lo tanto no le pueden pretender endilgar esto más y tratar de abrir procesos a otras personas”, dijo.
El TSJ y la extradición
Trámite
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, sostiene que si la Fiscalía pide reencauzar el pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, su autoridad dará curso a ese pedido para enjuiciar al expresidente.
Exigen ajuste a norma de extradición con EEUU
Con el objetivo de lograr que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se someta a la justicia boliviana por los hechos de octubre de 2003, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, planteó la necesidad de incorporar en el tratado de extradición con los Estados Unidos las figuras de genocidio y masacre.
El actual tratado de extradición, según su criterio, no puede aplicarse con Sánchez de Lozada y dos de sus colaboradores, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, porque los delitos de genocidio y masacre no son compatibles con la legislación de Estados Unidos. “Esta figura legal se tiene que introducir en un nuevo tratado”, sostuvo la ministra Dávila. Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos tras renunciar a la presidencia el 17 de octubre de 2003, presionado por movilizaciones sociales que saldaron con más de 70 muertos y 400 heridos.
El canciller David Choquehuanca, tras prestar un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, el 19 de septiembre, dijo que su despacho sugiere y ya trabaja en un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos (EEUU).
El abogado Rogelio Mayta indicó que una nueva solicitud debe incidir en delitos que se enmarcan en la doble criminalidad y una de las posibilidades es reforzar los argumentos en cuanto al delito de masacre, que, al contrario de la figura de genocidio, sí reconoce EEUU y sobre el cual aduce que no se remitió elementos suficientes como para aceptar el pedido.
Los militares sentenciados solicitan indulto
Los generales del ex Alto Mando Militar de 2003 sentenciados en el caso Octubre, que cumplen su condena en Sucre, pidieron ser incluidos en la ley que prepara el Gobierno para indultar a los detenidos en las cárceles de Bolivia, debido a que ellos consideran que están detenidos injustamente. La declaración fue realizada por el general Juan Véliz Herrera al cumplirse el noveno año de la revuelta de octubre de 2003.
“Ahora que está en proceso de confeccionarse una lista para un indulto que se puede llevar a cabo para liberar de hacinamiento a las cárceles, esperemos que el señor Presidente de la República y Capitán General de las Fuerzas Armadas nos conceda el indulto”, señaló Véliz, quien está internado en un hospital tras una cirugía.
Sostuvo que el presidente Evo Morales experimentó el empleo de las Fuerzas Armadas y su lealtad; además, dijo que esa institución no tiene la culpa de las decisiones políticas. Véliz responsabilizó a la Fiscalía y al Órgano Judicial del fracaso de la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El Gobierno lo único que hace es hacer viable el pedido”, manifestó el exjefe militar.
