El Ministerio Público definió una nueva estrategia para reiterar el pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada de Estados Unidos, incluso redactó un documento, pero la ejecución de la misma estará en manos del fiscal general electo, Ramiro Guerrero.
El fiscal de recursos, Orlando Riveros, informó que el actual fiscal general, Mario Uribe, una vez que conoció la respuesta diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), conformó un equipo de trabajo para elaborar una propuesta respecto a esta problemática.
“Se va a formular una nueva extradición superando las observaciones que se han hecho desde el Departamento de Estado de Estados Unidos (sobre el) carácter jurídico, (que) además tienen que ver con las diferencias de los sistemas de justicia. Parece que ahí hay aspectos técnicos y jurídicos que se deben resolver de manera adecuada”, expresó Riveros.
El 7 de septiembre, este diario reveló que el Gobierno de EEUU negó el pedido de extradición de Sánchez de Lozada a Bolivia. El Estado pidió la extradición del expresidente por la acusación de genocidio que pesa en su contra, dentro del juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de 72 personas en octubre de 2003.
Riveros explicó que planteó al Fiscal General una propuesta que contempla la redacción de un nuevo pedido de extradición que supere esas observaciones, pero además con sugerencias que permitan dar curso a la extradición, si lo acepta el fiscal general electo.
En la propuesta se sugiere contar con apoyo jurídico en Estados Unidos, es decir, contratar abogados especializados, teniendo en cuenta la diferencia de los sistemas jurídicos en ambos países. “Se necesita de gente especializada para que no se tengan observaciones que vienen del Departamento de Estado de EEUU”, añadió.
Riveros destacó que EEUU no negó en forma definitiva la extradición del expresidente, sino que abre la posibilidad de realizar una nueva solicitud que supere las observaciones y, una vez superadas las mismas, pasar el trámite del Departamento de Estado a su sistema de justicia que es, finalmente, la instancia que debe pronunciarse respecto al pedido de Bolivia.
Según el procedimiento, el Ministerio Público solicita el pedido de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Plena de esta instancia es la que aprueba la solicitud. Luego se la remite a la Cancillería para que, a través de las instancias diplomáticas, tramite esa solicitud.
