El paro del transporte contra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado se sintió parcialmente en siete ciudades y fue más contundente en El Alto. El sector anuncia un paro indefinido y el Gobierno reitera que no es necesario.
Franklin Durán, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que sólo la Federación de Santa Cruz no acató la medida. Anunció para el viernes una reunión nacional del transporte en Cochabamba, en la que se evaluará la medida asumida ayer. Añadió que en esa cita se determinará la fecha de inicio de un paro indefinido. “En ese ampliado vamos a definir a partir de qué día entramos en paro general indefinido, vamos a ir al paro, está ratificado”, dijo a La Razón.
El ministro calificó de “injustificada” la medida, porque el proyecto de ley, según una redacción que se envió a los choferes, los excluiría del alcance de esa norma, ya que sólo prestan “un servicio en función de un contrato”. Durán negó que haya esa redacción y ratificó que temen perder sus vehículos si esa norma se aprueba. “Es un artículo ambiguo (…) deberían hacer un nuevo proyecto de ley para narcos”, afirmó.
Evaluación. El Ministerio de Gobierno dio cuenta de que el paro de los transportistas se sintió en seis departamentos del país, pero de manera “débil”. En La Paz, salvo las labores educativas, las actividades económicas y laborales fueron normales, hubo bloqueos aislados y la ruta troncal estuvo despejada, según el reporte de Carlos Romero, titular de la cartera de Gobierno. En El Alto, dirigentes del sector contabilizaron 45 puntos de bloqueo, pero sólo se habrían desplegado 13. Cochabamba presentó mayor grado de movilización: 18 puntos de bloqueo y normalidad en el centro de la ciudad. Las 16 organizaciones de choferes en Chuquisaca bloquearon las cuatro salidas de Sucre, la capital fue paralizada parcialmente.
En Oruro el paro se acató de manera “disciplinada” y, al igual que en Potosí, se reportaron puntos de bloqueo en algunas zonas, sin afectar al centro de las urbes. En Tarija hubo bloqueos en la Terminal de Buses, la salida al Chaco, en Padcaya, San Lorenzo, El Rancho y Cruce al Valle, según ABI. Romero, informó que hubo tres puntos de bloqueo en el sector fronterizo, en la zona del Chaco. En Santa Cruz, Beni y Pando se vivió una jornada normal, con un bloqueo en Riberalta, dijo Romero.
Se enviaron tres notas al sector
Artículo
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reveló que se enviaron tres notas a los transportistas (19, 20 y 22 de octubre). La primera indica que se iba a tratar con ellos el proyecto de ley; la segunda manifiesta la necesidad de excluir los bienes e instrumentos de trabajo de los transportistas y postergar el tratamiento del proyecto. La última propone excluirlos de la aplicación de esa norma (Art. 6): “…Se excluye a medios de transporte que no se hallen constituidos como instrumento directo en la comisión de los delitos de narcotráfico, contrabando…”.
El Gobierno critica al sector
El presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, coincidieron en señalar como “defensores” del narcotráfico, contrabando y la corrupción a aquellos sectores que pretenden frenar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado.
“Estamos debatiendo una ley para aprobar una extinción de dominio y no puedo creer que algunas organizaciones sean defensoras de narcotraficantes, de contrabandistas y corruptos. No me pasa por la mente”, señaló el Mandatario, en el acto de posesión del nuevo Fiscal General del Estado, en la Vicepresidencia.
Romero cuestionó el hecho de que algunos dirigentes de los transportistas se opongan al proyecto de ley en su conjunto; “al hacerlo están incurriendo en complicidad y se están convirtiendo en abogados defensores de contrabandistas, narcotraficantes, corruptos y de quienes legitiman ilícitamente ganancias”, dijo en conferencia de prensa.
El proyecto de ley establece que, a través de la Procuraduría, se procederá al decomiso y confiscación de bienes que sean producto de los cuatro delitos citados, en caso de que las personas investigadas no logren justificar, en un plazo de hasta cinco días hábiles, la legalidad del origen de los bienes que ostentan.
En el caso del transporte, sin embargo, la norma no se aplicaría, según explicó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Afirmó que se entregó a los choferes una nota el 22 de octubre, donde se propone incorporar al parágrafo II, numeral II del artículo 6 (Ámbito de aplicación y exclusiones) una redacción que excluye del alcance de esta norma a los transportistas, siempre y cuando los vehículos no sean producto de esos cuatro delitos. “Se está excluyendo de manera específica al sector de transporte, no tiene sentido este paro”, dijo.
