La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, según el proyecto, no sólo estará dirigida a narcotraficantes, contrabandistas, corruptos o a quienes legitimaron ganancias ilícitas, sino también a servidores públicos cuyas fortunas provengan de personas que cometieron esos delitos.
La Razón accedió al citado proyecto de ley que es analizado y tratado por la Asamblea Plurinacional y que es rechazado actualmente por los sectores del transporte público y los gremialistas, debido a que —dicen— son susceptibles de ser afectados por la norma.
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado tiene cinco capítulos, 16 artículos, cuatro disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y una disposición derogatoria y abrogatoria.
En el artículo 5, referido a las causales de la extinción de dominio de bienes, se establece que el patrimonio proveniente de la comisión de los cuatro delitos enumerados anteriormente, será susceptible a ser confiscado a favor del Estado.
No obstante, en el numeral 3 de ese artículo, estipula como causal para aplicar esta ley “cuando en proceso judicial existan elementos suficientes para determinar que los bienes de cualquier servidor o servidora pública, son producto de beneficios otorgados a personas vinculadas a actividades de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción cuando exista incremento desproporcionado e injustificado del patrimonio y contrabando”.
La extinción de dominio de bienes, según el proyecto de norma, es una acción pública de naturaleza administrativa y contenido patrimonial, mediante la cual se pierde el derecho de propiedad o posesión de bienes cuando éstos sean producto de actividades ligadas al narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
El artículo 6 del documento, dirigido al ámbito de la aplicación, define que esta norma se empleará sobre bienes cuyo valor individual o en conjunto sea igual o superior a Bs 70 mil, que equivale a cerca de $us 10 mil. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista exclusiva con este diario, dijo el miércoles que este monto está sujeto a una evaluación y que puede modificarse.
Romero, en la misma entrevista, un día después del paro de transporte público que afectó a seis de diez ciudades del país, afirmó que hay salvaguardas en la norma para evitar afectar a los choferes y gremialistas, como la aplicabilidad a los cuatro delitos a los que apunta la norma; que haya una causa penal y el respeto al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
En esa línea, en el artículo 6 del proyecto de ley, en el parágrafo II que sostiene “quedan excluidos del alcance de la presente ley”, numeral 2, se especifica a “los medios de transporte que no se hayan constituido como instrumento directo en la comisión de los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y contrabando”.
En el artículo 11 del proyecto de ley, que se refiere a la acción de extinción de dominio, se establece que en caso de flagrancia, la Subprocuraduría de evaluación, seguimiento y formación de las unidades jurídicas de la administración pública, instancia encargada de ejecutar la confiscación, otorgará un plazo de diez días hábiles al acusado para presentar descargos que acrediten el derecho propietario de su bien. En los casos que sean productos de denuncias, el plazo se extenderá a 15 días hábiles, tras la notificación.
Amenazas de protesta
Transporte
Tras el paro de 24 horas del martes en rechazo a la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, los choferes amenazan con un paro indefinido.
Gremiales
El sector gremial anunció un paro nacional, para la próxima semana, en rechazo a esta norma porque pondría en riesgo su capital.
Dircabi ya no recibirá patrimonio de narcos
Los bienes confiscados a narcotraficantes dejarán de ser depositados en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), según establece el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado.
En la disposición final cuarta del citado proyecto de norma, se ordena que la Dircabi “se encargará de la recepción, registro, custodia, conservación, supervisión y monetización de los bienes muebles e inmuebles que son producto de la comisión de otros delitos penales no contemplados en la presente ley…”. En esta normativa se condena específicamente al patrimonio proveniente del narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y corrupción.
Normativa. Sin embargo, en la misma disposición final de este proyecto de ley se establece que los bienes confiscados antes de la promulgación de la presente norma, continuarán siendo administrados por la Dircabi. Agrega que se aplicará “sobre los mismos las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal, el Reglamento de Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Confiscados y otras disposiciones legales vinculadas, hasta que el juez determine su destino final en sentencia ejecutoriada”.
En la disposición final tercera de este borrador de norma se estipula también la extinción de dominio a favor del Estado de los bienes perecederos o frutos naturales que, por su naturaleza, sean susceptibles de devaluación o descomposición que se encuentren decomisados por la Dircabi, con el objetivo de que inmediatamente sean monetizados a través de una subasta pública.
Capitales confiscados irán a subasta pública
Los bienes provenientes del narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción o contrabando y que hayan sido confiscados en favor del Estado serán monetizados, según establece el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado.
El artículo 13, referido a la monetización, fija en el numeral I que “los bienes cuyo dominio hayan sido extinguidos a favor del Estado, serán monetizados inmediatamente después de la declaratoria de extinción de dominio con Resolución final a través de subasta pública por la Dirección de Administración y Monetización, para su posterior depósito en la Cuenta Única del Tesoro”.
En el numeral II se agrega que cuando el bien confiscado es constituido por dinero en efectivo, éste es depositado en la Cuenta Única del Tesoro. También se ordena que los servidores públicos ligados a la subasta no pueden adjudicarse los bienes decomisados. En el numeral III se estipula que cuando se trate de aviones, avionetas, helicópteros, material de vuelo, embarcaciones fluviales, lacustres y material de navegación, éstos deberán ser transferidos a título gratuito a las Fuerzas Armadas.
