La Asamblea Legislativa hizo conocer su predisposición para hacer las modificaciones necesarias al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado. El sector transporte presentó tres observaciones, dos ya estarían resueltas.
Según la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), tanto esa instancia como la Cámara de Senadores hicieron conocer su “absoluta predisposición a realizar las modificaciones que se presenten” al proyecto de ley, esto tras la reunión con representantes del sector transporte. No obstante, al final de la tarde de ayer, los transportistas indicaron que rechazan la aprobación de la norma, no sólo su modificación.
Delgado señaló que en esa cita se identificaron al menos tres temas que preocupan a los transportistas: los plazos que prevé la norma para que una persona pueda demostrar la licitud de sus bienes; el monto de Bs 70 mil que se maneja como piso para iniciar una acción de extinción de bienes y la necesidad de ser excluidos del alcance de la norma cuando la carga pertenezca a un tercero.
Respecto al primer punto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó a La Razón que el primer planteamiento del proyecto, de otorgar 48 horas y hasta cinco días, según exista o no flagrancia, respectivamente, en una redacción corregida se amplían estos plazos a 10 y 15 días. En torno al segundo punto, según Delgado, se consideró que los Bs 70 mil que fija el proyecto es un monto muy bajo, que cualquier persona podría verse afectada, por lo que aún se analiza el tema.
En cuanto a la exclusión de la ley, la Cámara de Transportes de La Paz presentó una propuesta para que, en caso de que los transportistas no conozcan de la carga que están llevando y ésta implique sustancias controladas o contrabando, la responsabilidad afecte a los dueños de la carga.
“Eso se ha aceptado, se va a incorporar (al proyecto de ley)”, afirmó Delgado. De hecho, la redacción propuesta (Art. 6) por el Ministerio de Gobierno expresa que se excluye a “medios de transporte que no se hayan constituido como instrumento directo en la comisión de delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y contrabando”.
Para el lunes en la tarde se programó una nueva cita con los transportistas. “El proyecto de ley ya ha sido ajustado con los ministros de Gobierno y de Economía, ambas cámaras, presidentes de las comisiones de Constitución de Diputados y Senadores (…) hay una modificación de más del 60 por ciento”, aseguró Delgado.
La autoridad consideró zanjados aquellos aspectos que daban lugar a posibles malas interpretaciones. Resaltó que la norma se aplicará para casos grandes y cuando existan procesos judiciales de por medio en los delitos referidos, por lo que sostuvo que las medidas de presión anunciadas por el sector, para frenar el proyecto, serían injustificadas.
Sectores cuestionan la norma
Propuesta
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado prevé atacar el patrimonio de corruptos, narcotraficantes, contrabandistas y gente que legitimó ganancias ilícitas. El 1 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en grande la propuesta, ahora corresponde el tratamiento en detalle, pero antes se está consensuando en dos sectores: transporte y gremiales. También se presentaron observaciones de la Defensoría del Pueblo y la banca privada.
Gremiales anuncian un paro
Federaciones de gremiales de distintas regiones del país manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado y anunciaron bloqueos y paro de 24 horas para el martes 30. “En Cochabamba y Santa Cruz el malestar es mucho más grande que en La Paz, el paro va a ser total”, anunció René Pardo, uno de los dirigentes del sector.
La movilización prevé el bloqueo de rutas y la paralización de actividades no sólo en las ciudades capitales. “En Desaguadero y Villazón también nuestros compañeros van a proceder al cierre de fronteras”, afirmó el dirigente.
Las principales observaciones del sector estarían referidas a los plazos que dispone el proyecto para que determinada persona demuestre la licitud de sus bienes y al monto de Bs 70 mil, como piso para iniciar una acción de extinción de dominio de bienes. Argumentan que la norma pone en riesgo el capital, no sólo de grandes contrabandistas, sino de pequeños comerciantes, cuando tendría que atacar a los “peces gordos”.
Choferes rechazan todo el proyecto de ley
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes fue rechazado por los transportistas del país que, en un ampliado nacional, decidieron asistir a la reunión del lunes 29 con la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, pero para exigir la anulación y explicar sus razones. Si la Asamblea reanuda el tratamiento de esta normativa, amenazan con iniciar un paro general indefinido.
“Vamos a ir con el cuerpo técnico de las federaciones y la Confederación para hacerle conocer nuestro rechazo y demostrar jurídicamente que ese proyecto es inconstitucional”, manifestó Franklin Durán, principal dirigente de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. “Al reinicio del tratamiento (del proyecto de ley) en la Cámara de Diputados, inmediatamente se declara el paro general indefinido”, advirtió.
El martes 23, los choferes cumplieron un paro de 24 horas, que se acató en seis de 10 ciudades. Según Durán, el ampliado sirvió para conocer el proyecto de norma y los alcances. “Afecta a toda la población, no sólo al transporte”, advirtió. Consultado sobre las observaciones puntuales que tienen al proyecto de ley, el dirigente respondió: “Prácticamente toda la (propuesta de) ley está mal hecha”. Luego se retiró y evitó dar mayores explicaciones.
Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, explicó que Antonio Rivera, presidente del Colegio de Abogados, les explicó el contenido del borrador de ley. “Nos ha dejado pensando en que el sacrificio de años en cinco días lo vamos a perder, no sabíamos de la magnitud”. Delgado nos dio la esperanza de dar sugerencias para cambiar la norma, pero en el fondo no cambiarán nada, ninguna modificación da solución, agregó el representante.
Lucio Gómez, principal dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte de Cochabamba, añadió que entre las resoluciones del ampliado se pide a los diputados la anulación del proyecto de ley. También indicó que piden que se disculpen de su sector quienes dijeron que defienden a narcotraficantes y a contrabandistas.
