La Dirección General de Régimen Penitenciario estudia un proyecto de ley de la senadora Roxana Camargo, que plantea el uso de manillas electrónicas como medida cautelar y para detenidos preventivos. La medida busca evitar el hacinamiento en las cárceles.
El proyecto de Ley de Vigilancia Electrónica Como Alternativa a la Detención Preventiva y a la Pena Privativa de Libertad prevé que sea el juez quien determine la aplicación de una manilla electrónica, en lugar de dar detención domiciliaria con custodio a una persona encausada, con las restricciones que ello implica.
La perspectiva es que, en principio, las manillas funcionen con una especie de sensores ligados a líneas telefónicas fijas. Se prevé que en los próximos años esta tecnología llegue al control vía satélite, lo que permitirá tener el registro de las personas, el lugar donde están y el movimiento de ellas, con una especie de chips.
“Vemos conveniente este sistema porque dejaríamos de pagar prediarios, luz y agua. El hacinamiento reduciría y se evitaría que las familias visiten permanentemente las cárceles y se generen problemas de seguridad”, señaló a La Razón Ramiro Llanos, director de Régimen Penitenciario. La autoridad dijo que la propuesta es analizada por esa dirección debido a que permitiría tener en cárceles sólo a los detenidos por delitos graves y de alarma social.
La senadora Camargo expuso que el uso de este sistema “es éticamente correcto (…) se aplica por la autoridad judicial con la concordancia del Ministerio Público y el previo e indispensable consentimiento del potencial usuario”. Además, justificó que su eficacia y confiabilidad son comprobadas en naciones desarrolladas con tradición de respeto a los derechos y garantías individuales.
Hacinamiento. Actualmente, según Régimen Penitenciario, hay aproximadamente 13.500 privados de libertad en las cárceles del país, de los cuales el 84% está con detención preventiva. En algunos centros el hacinamiento supera en más del 300% la capacidad de las cárceles y este sistema serviría para sacar presos de las cárceles de forma segura, según Llanos.
La norma prevé aplicarse para los actuales preventivos e incluso para sentenciados que estén purgando penas menores ocho años, según el artículo 4 del proyecto, que en otro acápite asegura la vigilancia del detenido durante las 24 horas del día y durante el tiempo que señale el juez.
No podrían acceder a este tipo de control personas implicadas en delitos de alarma social, en casos de delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, contra los deberes de asistencia familiar, violación, pornografía y relacionados con trata y tráfico de personas, según el artículo 6. Atracadores o condenados por narcotráfico tampoco accederían.
Empero, Llanos puso la salvedad de que podría beneficiar a aquellos sentenciados que ya cumplieron una tercera parte de su condena en cárceles. En todo caso, quien violara el control no podrá acogerse a este control y tendrá que cumplir el resto de su condena en una cárcel. La previsión es que el mismo detenido pague el costo de la manilla, de aproximadamente $us 50, además del costo de monitoreo, que no superaría los Bs 100 mensuales y tendría que ser cubierto por un garante solvente.
El sistema se contrataría a través de Régimen Penitenciario y el monitoreo estaría a cargo de éste o del Órgano Judicial. En todo caso no representaría un costo para el Estado. Una vez aprobada la ley, sin embargo, será necesaria una complementación en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal que dé curso al uso de esta tecnología. La proyectista afirma que este tipo de detención domiciliaria coadyuvaría a la rehabilitación y la reinserción.
