Los jueces y magistrados de Bolivia le dan un ultimátum al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta el viernes, para que reponga el pago de dos bonos suspendidos. Caso contrario advierten con recurrir a la misma justicia con un amparo constitucional.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), César Suárez, sostuvo que para todo el personal judicial el pago de los bonos es un derecho adquirido y que se paga desde hace 25 años. “No puede ser eliminado súbitamente (los bonos) cuando, en este caso, se trata de una afectación o los haberes, es decir se nos ha disminuido los haberes con la eliminación de los bonos”, dijo el representante de los magistrados.
“Hemos mandado una nota al Tribunal Supremo de Justicia y si no nos responden hasta el fin de semana, se produciría el silencio administrativo, lo que nos facilitaría para interponer una acción de amparo constitucional que lo interpondríamos la próxima semana”, informó Suárez.
Bonos. Antes de la Ley de Transición del Órgano Judicial, los bonos Pantaleón Dalence y Complementario, consistentes en un salario, se pagaban a todos los funcionarios judiciales como el personal administrativo y jurisdiccional, incluyendo a las máximas autoridades judiciales del país. El desaparecido Poder Judicial erogaba Bs 26 millones por cada uno de los bonos y éstos llegaban a aproximadamente 2.000 funcionarios, de ellos a 1.000 jueces y vocales de todo el país.
En criterio de Suárez, ese monto existe fruto de los recursos propios y aseguró que sólo con los dineros que recauda el departamento de Santa Cruz se puede cubrir los Bs 52 millones que se requieren para otorgar el beneficio social a los empleados. Según Suárez, a partir de la supresión de ambos bonos, cada vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia dejó de percibir alrededor de Bs 2.000 mensuales, mientras que los jueces llegan a Bs 1.400, también por mes.
