El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Omar Rocha, anunció que demandará la inconstitucionalidad de la Ley de Construcción de La Casa Grande del Pueblo, edificación anexa al Palacio de Gobierno, ya que, afirmó, evade la norma edil.
“En mi calidad de Presidente se va a promover la inconstitucionalidad de la norma, porque esa ley, al declarar patrimonio la construcción (de La Casa Grande), lo que hace es evadir la Ley de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA) que determina las autorizaciones para la construcción”, explicó el concejal paceño. Para Rocha, el Gobierno pretende “vulnerar” el cumplimiento de la norma municipal paceña, basado en los dos tercios que tiene en el Legislativo.
Explicó que la Constitución establece que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales “la administración del territorio, la planificación y el uso del suelo”, entre otras atribuciones. Invitó al Mandatario a enviar el proyecto de La Casa Grande al gobierno local para su respectiva aprobación. “No nos oponemos a la construcción, lo que no entendemos es cómo sacan una norma para evadir otra”.
Norma. El martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara de prioridad nacional la construcción de La Casa Grande del Pueblo y del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como íconos del nuevo Estado Plurinacional.
Al respecto, el diputado Marcelo Elío (MAS) dijo que la construcción es una “urgente necesidad” para que movimientos sociales, organizaciones populares y sindicales se reúnan, en el marco de la democracia participativa.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, afirmó que el proyecto no vulnera ninguna norma y que, por el contrario, ayudará a “resolver problemas de espacio” para que los legisladores puedan recibir a sectores sociales que deseen aportar en la elaboración de las leyes.
“Es una ley absolutamente legítima (…) nuestras leyes que declaran prioridad nacional no tienen montos de ejecución porque no vienen acompañadas de proyectos a diseño final, que recién se trabajarán a partir de la declaración de prioridad”, argumentó.
Por su parte, el diputado Javier Zabaleta dijo que la aprobación de la norma permitirá realizar el diseño, la posterior construcción y luego “se establecerán todos los criterios de preservación”.
“El tema de recursos lo vamos a ver en el Presupuesto General del Estado, en el que se va a asignar un presupuesto final”, sostuvo. Desde la oposición, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) criticó que no haya un detalle de cuánto costará la edificación de ambas infraestructuras y que sólo es un “capricho” del presidente Evo Morales para “ostentar” su poder.
“No era necesario que usen la ley para imponer lo que querían hacer; una prioridad nacional es la pobreza, las carreteras, la gente que sufre de sequía en el Chaco. No vamos a dejar de fiscalizar los recursos que se van a usar para esa construcción”, anunció.
