El Gobierno planteará una ley que castigará con 30 años de cárcel sin derecho a indulto a militares y policías hallados culpables de tráfico ilegal de armas, anunció hoy el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
La sanción fue incluida en un proyecto de «Ley de Control de Armas» elaborado por los ministerios de Defensa y Gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía y que será presentado en los próximos días al Legislativo, dijo Saavedra a los medios estatales.
El ministro explicó que la nueva norma plantea incluir en el Código Penal boliviano el delito de tráfico ilegal de armas, y castigarlo con entre 10 y 15 años de prisión si quienes lo cometen son civiles y 30 años «sin derecho a indulto» si fueran militares o policías.
«Nuestra estructura de defensa del Estado permite que nuestros militares y policías sean quienes puedan portar armas para garantizar la seguridad y defensa del Estado y la convivencia pacífica de los bolivianos. Si esos militares y policías incurren en tráfico de armas, la sanción se agrava», afirmó.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el mes pasado la norma tras numerosos conflictos en los últimos meses por diversas razones, entre ellas disputas por el control de minas en las que los civiles se enfrentaron a tiros y hubo heridos.
Romero calificó entonces de «escandaloso» el uso generalizado de armas en esos enfrentamientos, sobre todo en el área rural, y lo atribuyó a la falta de una ley que permita regular la situación.
Saavedra explicó hoy que el proyecto que se entregará al Parlamento otorga al ministerio de Defensa un «monopolio central del control de la importación, exportación, traslado y tránsito de armas de fuego», mientras que la Policía se hará cargo del registro y entrega de licencias para las armas «de uso civil».
Los civiles solamente podrán usar armas, previa licencia, para actividades deportivas o para la caza y pesca de supervivencia en las áreas rurales.
Todas las disposiciones de la norma deberán ser cumplidas tanto por bolivianos como por extranjeros, incluidas las «misiones diplomáticas», advirtió Saavedra.
El proyecto de ley también incluye un «plan nacional de desarme voluntario anónimo», para que los civiles que tengan en su poder armamento militar o policial sin autorización lo entreguen al ministerio de Defensa para su posterior destrucción.
El Gobierno de Evo Morales ya aplicó en 2008 un plan de desarme de civiles después de que el grupo de indígenas aimaras del altiplano andino conocido como los «Ponchos Rojos» participara en un desfile exhibiendo antiguos fusiles Mauser.
Esas armas, que provienen de la Guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y Paraguay, estaban en poder de los campesinos aimaras desde la Revolución de 1952 y algunas fueron devueltas hace dos años al Estado.
La norma ratifica, además, un decreto de septiembre pasado que prohíbe el uso de explosivos en movilizaciones sociales.
Esa disposición fue emitida tras la muerte de un minero en septiembre pasado a causa de un explosivo lanzado contra una sede sindical en La Paz por un grupo de manifestantes. Los mineros bolivianos tienen la costumbre de detonar cargas de dinamita en sus manifestaciones, pero además usan este explosivo para enfrentarse entre ellos cuando se disputan un yacimiento o contra los policías cuando tienen conflictos, lo que ha causado víctimas.
