El Gobierno boliviano planteará una ley que castigará con 30 años de cárcel sin derecho a indulto a militares y policías hallados culpables de tráfico ilegal de armas, anunció ayer el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
La sanción fue incluida en un proyecto de Ley de Control de Armas elaborado por los ministerios de Defensa y Gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía, y que será presentado en los próximos días al Legislativo, dijo Saavedra.
Explicó que la norma plantea incluir en el Código Penal boliviano el delito de tráfico ilegal de armas, y castigarlo con entre 10 y 15 años de prisión si quienes lo cometen son civiles y 30 años “sin derecho a indulto” si fueran militares o policías.
