Régimen Penitenciario plantea que se liberaría de las cárceles a cerca de 3.000 reos si es que el perdón llega a reclusos por narcotráfico y que tengan sentencias de hasta diez años, además de extranjeros, mayores de 58 años y menores de 24.
Si se considera una ley de indulto para privados de libertad que tengan sentencias menores a cinco años, apenas unas 400 personas se beneficiarían en toda Bolivia, pero si se sube a presos con hasta ocho años de cárcel, mayores de 58 y jóvenes hasta 24 años, se irían cerca de mil personas de las cárceles.
Bajo este argumento, Ramiro Llanos, jefe de la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), propuso que el beneficio se amplíe para extranjeros y detenidos por la Ley 1008 que tengan penas de hasta diez años, con los que sí se paliaría el tema de hacinamiento.
“El 62% de la población penitenciaria está por tema de la Ley 1008”, y que si se busca dar una respuesta real al tema del hacinamiento, se los debe incluir en la ley de indulto, afirmó Llanos.
A la fecha hay 13.500 personas en cárceles del país, el 83% son detenidos preventivos. “Las cárceles empezaron a colapsar cuando se aprobó la Ley 1008; a partir de esa ley se detiene en las cárceles de Bolivia al padre, a la madre, al hijo y al Espíritu Santo”, ironizó.
Con esta previsión el indulto llegaría a otras 1.000 personas, que sumadas a los extranjeros detenidos por delitos relacionados con el microtráfico de drogas, por ejemplo, podría hacer un total de 3.000 presos indultados.
En el caso de los extranjeros, según explicó a la red Uno, se los llevaría hasta la frontera (Perú, Argentina y países vecinos). Si se trata de europeos, se prevé contactar a sus consulados para que los trasladen vía aérea.
