La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, demandó ayer al fiscal general, Ramiro Guerrero, y a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, el inicio de procesos disciplinarios y penales contra 89 autoridades judiciales y fiscales, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Suxo, en la mañana, se reunió con Mamani y los demás consejeros de la Magistratura. Allí entregó pruebas contra 37 jueces, vocales y personal de la Central de Notificaciones de todo el país, los mismos que habrían incurrido en delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado, entre otros.
“Cuando se presenta una denuncia contra el vocal o un juez, se suspende a esa autoridad y luego regresa; encima los bolivianos tenemos que pagarle su sueldo y retorna como si nada habría pasado y con más fuerza. Como denunciantes incluso estamos sometidos a procesos penales por estos jueces vocales y esos juicios sí avanzan y los nuestros no”, protestó Suxo.
Sin precisar nombres, la ministra puso de ejemplo un caso en Santa Cruz. Dijo que una jueza que es procesada por actos de corrupción, mandó a decir que renunciará siempre y cuando se suspenda el juicio en su contra, “como si la renuncia significara que se va a dejar en la impunidad; no puede quedar en la impunidad”, acotó.
Revisión. Mamani, tras recibir la documentación, dijo que analizará caso por caso y, de acuerdo con las pruebas, iniciará procesos disciplinarios internos y otros serán remitidos al Ministerio Público para una investigación en la vía penal.
En la tarde, Suxo entregó a Guerrero una lista de 52 denuncias de hechos de corrupción contra fiscales del país. Explicó que se trata sólo de una lista por departamento con copias de las denuncias y el estado de los procesos, porque su autoridad no pudo acceder a las pruebas que están, precisamente, en manos de los fiscales.
“Entre colegas se ayudan, se colaboran, entonces hay muchos casos de fiscales que no pueden avanzar en las denuncias que tenemos”, expresó Suxo. También aseveró que hay casos de fiscales que se guardan los expedientes por más de seis meses, piden ampliación de términos, pasa hasta un año y siguen los procesos. Incluso afirmó que los propios fiscales evitan que continúen las investigaciones.
En respuesta, Guerrero dijo que uno de sus objetivos de su gestión es erradicar la corrupción en el Ministerio Público, toda vez que su credibilidad está afectada precisamente por la retardación de justicia y porque entre fiscales no quieren abrirse procesos. Para combatir estos hechos, anunció para la próxima semana la conformación de un equipo de fiscales especializados en el tema de anticorrupción, conformado por los mejores fiscales.
Dos fiscales asumen sus cargos
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Los fiscales de distrito de La Paz, José Ponce, y de Oruro, Francisco Terán, asumieron ayer sus cargos y se comprometieron a realizar un trabajo destinado a erradicar la burocracia, acelerar la carga procesal y a cambiar la imagen institucional del Ministerio Público.
