El presidente del Tribunal Constitucional (TCP), Ruddy Flores, respaldó la postura de su colega Gualberto Cusi de no asistir a un informe de la Comisión de Justicia Plural de Diputados porque esa instancia no tendría competencia sobre el TCP. Diputados analiza procesar a Cusi por otros delitos.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene un rol particular respecto a los magistrados del TCP, su reglamento establece que no pueden pedir peticiones de informe escrito u oral al TCP ni al órgano jurisdiccional respecto a actividades jurisdiccionales”, manifestó el magistrado Flores.
La autoridad recordó que la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, en una anterior oportunidad “reconoció públicamente que la ALP, la Cámara de Diputados, no tiene competencia para hacer estas peticiones de informe escrito u oral”, aunque indicó que ello no implica que el TCP no actúe de manera transparente, pues la información es pública.
El magistrado Cusi debía brindar un informe el 8 de noviembre tras denunciar supuestas presiones del Legislativo y de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, para que un fallo del TCP dé curso a la consulta en el TIPNIS. Sin embargo, en lugar de presentarse, envió una carta en la que se excusó con el argumento de que esa instancia legislativa no tiene facultad de pedirle un informe oral.
El diputado que hizo el pedido, Franklin Garvizu (MAS), afirmó que la comisión actuará en apego estricto a la norma. “No es una invención ni de la Comisión de Justicia ni de la ALP que dentro de nuestras facultades y funciones esté la petición de informe oral”, indicó.
Adujo que este es un mecanismo del ejercicio de la fiscalización y control de los órganos del Estado e instituciones públicas, como manda el artículo 158, parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado (CPE). “Cualquier otra afirmación carece de consistencia”, afirmó.
Luego de no haberse presentado el 8 de noviembre, Cusi fue citado para el 15 y volvió a evadir esa cita, previa declaración de que se ratificaba en su posición de desconocer la competencia de la Comisión de Justicia y haber hecho llegar una excusa por escrito en la que esta vez argüía un viaje al exterior, como motivo de su inasistencia.
“Aquí no es cuestión de querer, sino de cumplir lo que manda la Constitución”, dijo el diputado Carlos Cejas (MAS), presidente de la Comisión de Justicia Plural, en tanto que Garvizu señaló que Cusi ya reconoció competencia de esa instancia al haberse presentado a una anterior petición, cuando se lo cuestionó sobre declaraciones en torno al uso de la hoja de coca para poder resolver las causas del TCP.
Ante la inasistencia del 15 de noviembre y en atención a la solicitud de que se considere el hecho de que estaba de viaje, la comisión resolvió otorgarle 72 horas de plazo desde el momento de su notificación para que haga constar ese impedimento; ese plazo vence el viernes y de no justificar su inasistencia, podría atenerse incluso a un proceso por incumplimiento de deberes o desobediencia a la autoridad, según advirtió Garvizu.
Evaluarán otra cita
Proceso
Según procedimiento, el magistrado Gualberto Cusi tiene 72 horas hábiles para remitir documentación que justifique su inasistencia. La comisión sesionará para evaluarla y programarle una nueva audiencia; de no asistir, se podría atener a otros procesos.
