El juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, dictó el sábado, en audiencia cautelar, reclusión preventiva y arresto domiciliario, arraigo y fianza económica de 40.000 bolivianos para cuatro integrantes de la banda de falsificadores, desbaratada el jueves último en La Paz.
En su resolución dijo que «con las facultades conferidas en el artículo 54 de la Ley 1970 se dispone la detención preventiva de José Zabala Burgoa y Marco Antonio Salas Navarro en el centro penitenciario de San Pedro».
Para Rina Carminia Luna Ríos (abogada) y Miguen Angel Salinas Quisbert, también involucrados en el crimen, medidas sustitutivas a la detención preventiva como el arraigo y el arresto domiciliario, una fianza de 40.000 bolivianos por cada uno, la prohibición de contactarse con testigos, co-partícipes y la presentación ante el Fiscal asignado al caso los miércoles de cada semana.
En la prolongada audiencia cautelar, la fiscal de turno, Eva María Mujica, fundamentó la imputación contra estas personas bajo cargos penales por uso de instrumento falsificado, falsedad material y asociación delictuosa.
La imputación fue presentada por el fiscal asignado al caso, Humberto Quispe, contra la desbarata banda de falsificadores, por el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE).
Mujica, dijo que «el Ministerio Público solicitó la detención preventiva contra la organización criminal que operaba entre tres y cuatro años falsificando documentos y extorsionando a más de 300 personas».
La organización operaba, acotó, en varios puntos, entre esos anotó un bufet de abogados en el edificio Terrazas de la calle Yanacocha, la Alcaldía de La Paz, la Avenida Periférica y las oficinas de Derechos Reales.
En este caso, la investigación se inició hace un mes porque se tenía como prueba impuestos de transferencia a los municipios de La Paz, El Alto y Achocalla y se identificó falsedad material.
Destacó que el GICE halló, el jueves por la tarde, «infraganti» a los implicados.
Detalló que en poder de Salinas Quisbert se encontraron las cédulas de identificación firmadas y listas para ser procesadas, entre tanto, Burgoa, tenía los certificados de nacimiento y de matrimonio en blanco.
Navarro tenía los sellos de las alcaldías de El Alto, de La Paz y Achocalla para falsificar los formularios del pago de impuestos.
En poder de la jurista se hallaron los scanner y computadora preparada para imprimir certificados de nacimiento a nombre de la Registro Civil de apellida Kantuta, además formularios de pago de impuestos.
