Cinco años después de los sucesos de La Calancha, familiares y opositores al Gobierno aún reclaman por el esclarecimiento de las tres muertes y el castigo a los culpables de los luctuosos hechos ocurridos en Sucre durante las protestas contra la Asamblea Constituyente.
El 24 y 25 de noviembre de 2007, los violentos disturbios que se produjeron cerca del cuartel militar de La Glorieta, a cinco kilómetros de Sucre, dejaron un saldo de tres manifestantes muertos y centenares de heridos, cuando miles de personas movilizadas intentaban impedir las sesiones del pleno de la Asamblea para aprobar el cambio de sede a Oruro.
Los familiares de las víctimas aún reclaman justicia, pero sus voces parecen quedar cada vez más relegadas porque las instituciones y la misma sociedad que en su momento respaldaron esa movilización a favor de la capitalidad para Sucre han perdido el ímpetu y dan muestras de estarlos olvidando.
El dirigente universitario Christian Copa afirmó ayer que entre una de las actividades destinadas a conmemorar la violenta represión policial, figura la presentación de un memorial al Fiscal General solicitando celeridad en el juzgamiento de las exautoridades y jefes policiales incluidos en una primera imputación. Copa manifestó que otros procesos posteriores, como el caso 24 de Mayo, se encuentran ya en fase de juicio.
