Los equipos multidisciplinarios (conformados por abogado, médico, psicólogo, trabajadora social y odontólogo) que atienden a los reclusos cumplen sus funciones a medias, según una encuesta realizada por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP). Esta visión es compartida por Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, aunque también observan la falta de ítems, especialidades y bajos salarios.
El 51% de los reos de Chonchocoro, que fue tomado como referente, indicó que estos equipos entran con frecuencia a la población, mientras que el 44% afirmó que no ingresan, el 2% dijo que lo hacen sólo a veces y el 3% se limitó a no responder. El área de odontología denota más ausencia, según los datos de la encuesta a los que accedió La Razón.
La población penal señaló que el área odontológica cumple funciones sólo en 23%. El 74% no advierte la presencia de los odontólogos. Sólo el 28% sostiene que los médicos ingresan al penal, mientras que los trabajadores sociales cumplen su labor en 43%, superados por los psicólogos que lo hacen en 59% y el Área Legal en 44%.
A ello se suma el hecho de que no hay una profesionalización de estos cargos. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, sostuvo que quienes trabajan con personas que cometieron algún delito requieren especialización e intervención integral y “es lamentable, por ejemplo, los niveles salariales que perciben estos funcionarios de Régimen Penitenciario”.
El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, precisó que en centros como Chonchocoro no se cuenta con un equipo multidisciplinario permanente. “En algún momento ha faltado el abogado, en otro el psicólogo (…) y en muchos casos los presos tuvieron que compartir los profesionales con otros centros”, especificó. Agregó que esto influye en la posibilidad de que los internos puedan tener una rehabilitación acorde a la norma.
Reglamento establecerá funciones
Evaluación
El Reglamento para Centros Penitenciarios, que fue aprobado recientemente y entrará en vigencia en enero de 2013, establece el Consejo Penitenciario (conformado por el psicólogo, médico, trabajador social, abogado y director del penal). Esta instancia recurrirá a una tabla de votación, de hasta 20% por profesional, para tomar decisiones en torno a la conducta, rehabilitación y otros aspectos de los reos.
