Las labores de la red de extorsión que fue desarticulada en los ministerios de Gobierno y la Presidencia causaron temor en las dos principales autoridades de la primera cartera estatal, debido a que creían que el grupo ilegal podía volcar la acusación en su contra.
Tres días después de haber desarticulado la red que se incrustó en los dos ministerios, el titular de Gobierno, Carlos Romero, reveló en la ciudad de Santa Cruz algunos detalles de la investigación que llevó para descubrir a la organización delictiva, después de más de medio año de trabajo.
Una de las revelaciones, por ejemplo, tiene que ver con la posición que asumió el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien estaba a un paso de alejarse del cargo por la peligrosidad que representaba la organización investigada que contaba con una estructura consolidada. Incluso dijo que había, de por medio, seguimiento a familiares y un rumor de vínculo con el narcotráfico en contra del viceministro.
“La verdad, se trataba de una banda muy peligrosa, incluso el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quería renunciar al cargo por temor a que esta gente era peligrosa y que en cualquier momento podía armar evidencias en su contra y la mía, para involucrarnos en otros hechos y hacernos parecer como culpables”, declaró la autoridad de Estado.
Grupo. Entre el lunes y el miércoles, seis personas fueron detenidas por ser parte de la red de extorsión y corrupción en el caso Jacob Ostreicher, un estadounidense acusado de legitimación de ganancias ilícitas que está detenido desde hace más de 16 meses. Entre los aprehendidos están José Antezana Pinaya, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas, exempleados jurídicos de la cartera de Gobierno.
La red de corrupción, según la denuncia, habría vendido irregularmente el arroz que le confiscaron a Ostreicher. El afectado dijo que le decomisaron 20 toneladas del producto, además de maquinaria y ganado. La extorsión la habría ejercido ante el estadounidense para exigirle $us 50 mil a cambio de su libertad condicional.
El martes, Romero oficializó la desarticulación de esta red. La punta de lanza para la desarticulación de la banda fue la denuncia interpuesta por los abogados de Ostreicher, sobre venta irregular de arroz incautado.
El Ministro de Gobierno manifestó que no fue nada sencillo desbaratar a este grupo. “Cada vez que se intentaba dar el golpe, la investigación se caía porque la información había sido filtrada”. Hizo referencia a que, en al menos dos oportunidades, quedaron sin efecto los operativos preparados para desbaratar la banda de extorsionadores.
Investigación. Romero no dio detalles de la investigación, pero dejó abierta la posibilidad de que haya mayores resultados de su trabajo para este fin de semana. “Es importante este caso, creo que tiene una historia muy larga hacia adelante, espero que toda la red caiga y el día que eso suceda nos sentiremos orgullosos”, acotó. La autoridad no descartó la posibilidad de que exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) estén implicados en esta acción ilegal.
En La Paz, Fabio Jofre, abogado de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, coimputada en el caso Ostreicher, denunció que la red de corrupción habría tratado de extorsionar a su clienta, tratando de cobrarle $us 30 mil dólares para que no sea trasladada de la cárcel de Palmasola a la ciudad de La Paz y al no haberse concretado este pago, se la derivó al centro penitenciario de Miraflores en la sede de gobierno, reportó ANF.
La misma agencia informó que el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, pidió que se incluya en las investigaciones de esta red de extorsión al exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas. Ante el destape de este caso, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, planteó la necesidad de mejorar los niveles de control de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar actos irregulares que se puedan dar en el interior del aparato estatal.
Golpiza a Fernando Rivera
Cuando el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera asistió a los juzgados para su audiencia cautelar, familiares de Dirk Smith y de otros afectados en otros casos agredieron físicamente al acusado de ser parte de la red de extorsión y corrupción que fue desarticulada el martes.
Dos de cuatro detenidos van a la cárcel
En una maratónica audiencia de medidas cautelares en contra de cuatro de los seis detenidos en el caso de la red de extorsión, el juez 7° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola para dos acusados y medidas sustitutivas para otros dos.
El Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo y uso de influencias, en la audiencia que empezó a las 10.30 y terminó cerca de las 23.45.
Zubieta determinó dictar la privación de libertad para José Manuel Antezana Pinaya, exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia y Gustavo Dagner Céspedes Rosales, hombre de confianza del exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera.
El juez también determinó otorgar medidas sustitutivas para Hugo Franklin Pedraza Suárez, exinspector de Dircabi; y Edward Stefane Bellido, exinspector de Dircabi Santa Cruz. Para cada uno de ellos fijó una fianza de Bs 30 mil, arraigo y la presentación periódica ante la Fiscalía. Esta madrugada se informó que la audiencia de medidas cautelares para los aprehendidos Fernando Rivera Tardío y Dennis Efraín Rodas Limachi, exabogado apoderado del Ministerio de Gobierno, fue suspendida para hoy, a partir de las 08.30.
Durante la mañana, Rivera y Rodas fueron retirados bajo estrictas medidas de seguridad de las oficinas de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, ante la amenaza de agresión por parte de los familiares del alemán Dirk Schmidt y de Julio y René Navía, encarcelados preventivamente.
Acusado dice ser inocente y rechaza los cargos
El exasesor legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío pidió al presidente Evo Morales realizar una evaluación procesal de cada uno de los procesos en los que participó en representación del Estado, para determinar si actuó mal. Rivera indicó que para esa evaluación puede convocar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al Procurador General del Estado y a las ministras de Justicia y de Transparencia.
“La finalidad es que vean que todas las actuaciones procesales son netamente jurisdiccionales, en el marco de las autoridades judiciales, hay actos que son de fiscales y actos de apoderados”, explicó. El exasesor fue detenido el martes, acusado de ser parte de una red de extorsión a litigantes en diferentes casos judiciales.
“Ahora resulta que todos los procesos son de extorsión, somos inocentes (con los otros cuatro detenidos). Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta le digo al pueblo que mi persona es inocente de todos los cargos que se le imputa, lo único que he hecho es trabajar y responder a los intereses del Ministerio de Gobierno como apoderados”, afirmó. Aseguró que nunca ejerció presión a nadie. “Todas las autoridades jurisdiccionales tienen una independencia”, acotó.
