El exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez y el juez Wilson Arévalo fueron convocados la mañana de hoy, junto a Moisés Aguilera, exdirector regional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), sin embargo, el primero informó que solicitará la suspensión del acto procesal porque a esa misma hora (11.30) tiene una audiencia en Sucre.
El juez Arévalo, quien conoció el caso de Jacob Ostreicher, negó cualquier vínculo con la red. Él debe presentarse en calidad de testigo, informó el fiscal Ángel Álvarez.
También se menciona a los fiscales Janeth Velarde, Álvaro La Torre, Javier Cordero y Roberto Achá, además de Lumia Acho y Ángelo Céspedes, en tanto que Harry Suaznábar, del distrito de La Paz, fue involucrado de manera extraoficial y no se conoció si será incluido en este proceso.
“Han salido algunos nombres de fiscales y jueces (…) hemos instruido inmediatamente la apertura de procesos por la vía disciplinaria y penal”, manifestó a Panamericana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien estará hoy en Santa Cruz, coordinando las pesquisas.
Comisión legislativa suma apoyo
El Ministerio de Gobierno respaldó la posibilidad de conformar una comisión parlamentaria que investigue los alcances de la red de extorsión.
En principio fue la diputada Betty Tejada (MAS) quien sugirió la creación de una “Comisión de la Verdad” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar éste y otros casos que vulneran los derechos ciudadanos. “Con este tipo de extorsiones (…) es necesario iniciar una investigación profunda a todos los entes del Estado que estén involucrados”, dijo a Erbol.
Ante la iniciativa, el ministro Carlos Romero señaló que “mientras más controles existan sobre este proceso tanto mejor”. Sostuvo que si los legisladores se organizan para este efecto no deberían existir fronteras ideológicas. Los diputados Adrián Oliva (CN) y Fabián Yaksic (MSM) indicaron que esa comisión debería tener facultades de Ministerio Público.
