La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, pidió a la Fiscalía General iniciar procesos legales por el delito de cohecho activo contra autoridades de los cuatro órganos del Estado y otras personas que aseguren ser víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas para beneficio personal.
La Policía desarticuló, a partir de una investigación sobre el proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher, una red de corrupción y extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Ostreicher, detenido en la cárcel cruceña de Palmasola por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, denunció que la red delictiva le exigió 50 mil dólares para favorecerlo con una decisión judicial.
Desde que se hiciera público el caso varias personas denunciaron que fueron víctimas de la organización integrada por Fernando Rivera y Dennis Rodas, hoy exasesores legales del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, entre otros exfuncionarios públicos.
Suxo, en un comunicado difundido ayer, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión. Añade que el entregar dádivas para beneficio propio también constituye un delito, tipificado como cohecho activo.
“Solicitamos al Fiscal General del Estado iniciar de oficio, los procesos contra las autoridades de los cuatro Órganos del Estado así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos, para obtener beneficios personales, pues esas acciones también son consideradas como un hecho de corrupción”, refiere el comunicado del Ministerio.
El artículo 158 del Código Penal establece que cohecho activo es: el “que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del ARTICULO 145 (de dos a seis años de cárcel), disminuida en un tercio”.
El mismo artículo exige de responsabilidad a quien denuncie el delito.
Ximena Fortún, hija del extinto Guillermo Fortún, entre otras personas denunció que pagó 20 mil dólares para que la justicia conceda la libertad a su padre, que fue investigado por el desvío de dineros de Gastos Reservados.
Suxo también niega las denuncias del exjuez Luis Tapia Pachi y lo comino a presentar pruebas sobre supuestas presiones del despacho de Transparencia en el caso terrorismo y narcotráfico.
“Tras conocer las declaraciones del exjuez, que pretende involucrar a las autoridades del Ministerio de Transparencia en supuestas amenazas y presión contra los operadores de justicia, esta cartera de Estado deja claramente establecido que en el marco de sus competencias, no tiene tuición sobre casos por delitos de terrorismo y narcotráfico, lo cual demuestra la falacia con la que actúa este señor», sostuvo en el comunicado.
