El Gobierno boliviano estará alerta para que el proceso judicial en contra de los implicados en la red de extorsión y corrupción sea en derecho, después que ese grupo agravió a los bolivianos, afirmó el miércoles el ministro de gobierno, Carlos Romero.
«La red no solamente agredió, atacó y se aprovechó de gente vulnerable, de la gente denunciada por delitos graves, donde se debatían grandes sumas de dinero en esos procesos, sino que agravio a los bolivianos», aseguró en rueda de prensa.
Después de la reclusión preventiva en el Centro Penitenciario de Palmasola, del ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez y de los destituidos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera, aseguró que estarán alertas y vigilantes al debido proceso.
A su juicio, el proceso judicial debe sustentarse conforme a derecho y a las normas jurídicas porque, a su juico, expresan los valores que asumió el Gobierno con la sociedad boliviana, para convivir colectivamente.
«Ha sido valioso el apoyo del presidente, Evo Morales, quien dio la instrucción directa, de que se proceda con los operativos, las aprehensiones y que visibilizaron ante la opinión pública acerca de los primeros involucrados y el rol de participación de diferentes integrantes de la organización de corrupción y extorsión», subrayó.
Como Gobierno, dijo que están conformes y conscientes de que se cumplió un trabajo honesto, decidido, responsable, que les «permite mirar de frente», tomando en cuenta que «el mejor patrimonio que se construye en la vida es mirar de frente cuando se persigue el esclarecimiento de la verdad».
