La ministra de Autonomía, Claudia Peña, aclaró que los actuales litigios limítrofes entre municipios o departamentos podrán o no usar la nueva ley de límites que se termina de elaborar en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Poniendo como ejemplo el antiguo conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, Peña señaló que «cuando haya un conflicto en que estén a medias en el proceso de delimitación, pueden por mutuo acuerdo dejar ese procedimiento viejo, trabajoso, complicado y larguísimo, y pasarse a este procedimiento que va ser mucho más ágil, que les va permitir encontrar soluciones mucho más rápido».
En el caso de Oruro y Potosí en concreto, dijo Peña, entrarían a un proceso de conciliación, pero -como se prevé después de tantos años de conflicto- si no llegan a ninguna solución, el caso entonces deberá pasar a Tribunal Supremo de Justicia.
La ministra Peña destacó que una de las mayores ventajas de la nueva ley es que se deja de lado a ciertas autoridades como ‘la última palabra’ en determinado lio, como el juez supremo.
Ahora, en el caso de los municipios, la decisión final de todos modos está en la propia gente, pues de no llegarse a ningún acuerdo, se recurre al referendo de las poblaciones involucradas (que finalmente son las que deciden a que municipio quieren pertenecer).
Y en el caso de los departamentos, si es que fracasa la conciliación, la última palabra (que las dos partes están obligadas a acatar) es el máximo juez en el país, el Tribunal Supremo de Justicia.
De este modo, la mayor apuesta de la futura ley es dejar la solución de los problemas de límites en manos de la gente (en el nivel local) o en manos de la justicia (cuando se trate de departamentos).
Ante el riesgo de que los procesos de conciliación tiendan a prolongarse indefinidamente se prevé normar los tiempos en un futuro reglamento, a elaborarse inmediatamente se apruebe la ley.
