El presidente boliviano, Evo Morales, cumple su séptimo año de Gobierno con la estabilidad económica y la reducción de la pobreza como luces, pero con las sombras de ser el primer gobernante en 30 años de democracia que demanda a medios informativos.
Esta disputa se suma a los enquistados enfrentamientos que Morales mantiene en el plano internacional con Estados Unidos, al que acusa de conspiración, y con Chile, al que reclama una salida al Pacífico, ya que Bolivia perdió su litoral marítimo en una guerra con ese país a fines del siglo XIX.
En 2012 la mayor bonanza que ha vivido Bolivia en su historia, gracias al incremento en los precios de las materias primas, permitió mantener las cifras macroeconómicas positivas y un reconocimiento internacional que mejoró su imagen.
Una señal de la confianza externa fue el retorno de Bolivia en octubre, después de cien años, a los mercados bursátiles con la colocación de bonos a diez años por 500 millones de dólares.
Otra fue el incremento de la inversión extranjera directa, que en el primer semestre fue de 577 millones de dólares, un 53 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El Producto Interior Bruto alcanzó los 26.000 millones de dólares, casi el triple de los 9.500 millones de 2005, un año antes de la llegada de Morales al poder, mientras que la extrema pobreza bajó del 45 % el año 2000 al 24 % en 2011, según el Banco Central.
No obstante, analistas y empresarios sostienen que los fondos pudieron haberse administrado mejor para garantizar un desarrollo sostenible a medio y largo plazo.
La oposición va más allá y acusa al Ejecutivo de «malversar» los 54.000 millones de dólares generados por Bolivia en los últimos años y de no haber logrado aún industrializar la riqueza natural en minería e hidrocarburos.
Este año Morales también mantuvo su política de nacionalizaciones, concretada en la expropiación de la Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica de España, y de dos empresas mineras, filiales de sendas compañías de Suiza y Canadá, sin que hasta ahora haya acuerdos sobre las indemnizaciones.
Una de las sombras de la gestión es lo que los analistas consideran una política de «amedrentamiento» contra los medios de comunicación, tras las denuncias penales de Morales contra los diarios Página Siete y El Diario y la Agencia de Noticias Fides por presunta incitación al racismo contra él.
Se trata de la primera demanda penal desde el poder contra medios en 30 años de democracia en Bolivia, un caso que las asociaciones profesionales consideran que provoca una autocensura entre los informadores, lo que reduce las voces críticas contra Morales.
Además, la minoritaria oposición se ha fragmentado y denuncia que no puede ejercer su rol fiscalizador al estar perseguida políticamente por jueces y fiscales.
Como ejemplo, el caso del senador opositor Roger Pinto, asilado desde hace seis meses en la embajada de Brasil en La Paz sin que el Gobierno le conceda el salvoconducto para abandonar Bolivia.
Otra sombra es la del aumento del narcotráfico en un año en el que las autoridades han dado información contradictoria sobre la presencia de los cárteles internacionales en el país.
La primera disminución neta de cultivos de hojas de coca en cinco años no ha sido suficiente para frenar las alertas sobre el incremento del narcotráfico que lanza reiteradamente la Iglesia Católica.
La lucha contra la corrupción ha sido otro de los caballos de batalla de Morales, quien últimamente se ha declarado dolido tras descubrirse una red de abogados gubernamentales que extorsionaba a detenidos y presionaba a jueces y fiscales.
Este fue también el año de la derrota del movimiento contestatario del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que volvió a marchar -infructuosamente- entre la Amazonía y La Paz contra el proyecto de construcción de una carretera que dividirá esa reserva natural.
Este conflicto podría pasar factura al primer presidente indígena de Bolivia de cara a un eventual tercer mandato consecutivo, aunque lo prohíbe la Constitución y el mandatario no ha confirmado que tenga esa aspiración.
La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, aunque Morales aduce que en realidad sería su segunda candidatura desde que «refundó» Bolivia como Estado Plurinacional en 2009, pues considera que el primer mandato no cuenta para este cómputo.
El presidente boliviano cierra el año con un apoyo popular del 59 %, 11 puntos más que hace seis meses, según IPSOS.
