El Gobierno y el Defensor del Pueblo se enfrentan sobre una presunta violación de derechos humanos durante la consulta en el TIPNIS. Rolando Villena dice que fue un proceso unilateral y sin consenso. El viceministro César Navarro niega el extremo y ve en el Defensor una postura política.
“La consulta instruida y ejecutada en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) se realizó de manera unilateral, sin la coordinación y respaldo de las naciones indígenas dueñas de ese territorio, y desde una perspectiva autoritaria y colonialista, sin el menor respeto por los principios constitucionales que reconocen derechos a las naciones indígenas sobre su territorio”, aseguró Villena, en el acto de celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH).
Asimismo, explicó que para fines de este año una comisión de la Defensoría del Pueblo viajará al parque a recoger información de las comunidades, cuyas conclusiones serán presentadas entre enero y febrero de 2013.
El documento contemplará “incidentes, situaciones de vulneración de derechos humanos, si se han cumplido las normas de acuerdo con la exigencia de los pueblos indígenas, y todo aquello que hace a la consolidación y el respeto irrestricto de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas”, afirmó el Defensor.
Consenso. Por su lado, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, descartó cualquier vulneración de derechos en la consulta en el TIPNIS, al calificar el proceso como un espacio de apertura, diálogo y concertación.
“La consulta ha permitido que los pueblos hablen sin interlocutores y ése es el hecho político y democrático más importante; no puede haber vulneración de derechos si existe una consulta, lo que sí hubo es el ejercicio de los derechos civiles; la consulta es una derrota de aquellos quienes financiaron y fomentaron el enfrentamiento”, afirmó.
El 7 de diciembre se dio por concluida la consulta. Según el Gobierno, de las 69 comunidades del TIPNIS, 58 fueron consultadas y de éstas sólo tres pidieron que la carretera no pase por medio del parque. Once comunidades manifestaron su rechazo y enviaron actas para oficializar su negativa al proceso.
El domingo, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó que el Gobierno prevé dos alternativas de carreteras para proteger el núcleo del TIPNIS: un viaducto que pase sobre los árboles o un túnel subterráneo. Al respecto, Villena manifestó su preocupación porque la consulta para la construcción de la carretera en primer lugar debe pasar por consideraciones legales y de legitimidad.
“La consulta tiene bases legales que el Gobierno ha sustentado; sin embargo, la legalidad en este proceso no es suficiente; ha habido un elemento importante que tiene que ver con la legitimidad que en este momento queda resentida”, explicó Villena refiriéndose a la falta de confianza de los indígenas con respecto al Estado.
En 2011, el Defensor del Pueblo demandó al presidente Evo Morales que no promulgue la Ley 222 de Consulta, porque no había consenso. Navarro dijo que Villena “debe verificar el cumplimiento de derechos y no generar conflictos (…) incluso se ha puesto, en cierto momento, en un papel político”.
‘No hubo diálogo’
Postura
Para el defensor del Pueblo, Rolando Villena, durante la consulta, no hubo diálogo para buscar la concertación entre las partes y así desarrollar el proceso, como estipula la sentencia 300 del Tribunal Constitucional Plurinacional de junio de 2012.
Estudio de preinversión demorará un año
El coordinador de la Consulta del Ministerio de Aguas, Moisés Mercado, informó a La Razón que el estudio de preinversión para el diseño del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tardará un año.
“El estudio de preinversión estimamos que va a durar un año. Hay que realizar la gestión de financiamiento para el estudio. Por eso, la consulta es previa, porque no hay diseño para el tramo II”, explicó Mercado.
Acotó que durante esta fase del proyecto se determinará cuáles son las condiciones técnicas, económicas y ambientales que determinarán las características de la carretera.
“El estudio tiene que considerar que es un área protegida y (que hay una) zonificación, que implica que el proyecto será más costoso, ya que al ser más complejo necesita mayores medidas de protección que minimicen el impacto ambiental”, resaltó.
El funcionario aclaró que a los indígenas no se les consultó por una carretera en particular, sino sobre una idea de proyecto en general; asimismo, dijo que después del proceso, se prevé hacer el diseño, la gestión de recursos y luego los mecanismos planteados por la Ley de Medio Ambiente para conseguir la ficha ambiental, sólo así construir la carretera.
Analizan 3 posibilidades para vía ecológica
El asesor general de la Gobernación de Cochabamba, Freddy San Millán, informó ayer que, después que más del 80% de las comunidades del TIPNIS respaldaran el proyecto carretero en la consulta, hay tres posibilidades para la construcción de una ruta ecológica que se encuentran bajo análisis.
“Hay propuestas de que un tren pase por ahí, un subterráneo o finalmente un puente con pilotes que pase por encima de la reserva”, manifestó. Cada una de estas alternativas debe ser considerada según el impacto ambiental que tenga en el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS); tratando de aminorar al máximo cualquier daño, destacó el funcionario.
San Millán dijo que en el debate de la carretera ecológica especialmente se buscará propuestas concretas de los activistas ambientalistas: “Ahora sí tendrán que sumarse al proyecto con ideas concretas”. “Queremos que nos digan cómo puede ser esta carretera ecológica, puesto que ya existen carreteras de este tipo en el mundo entero e incluso son objeto de turismo y de paseo de parte de la población”, señaló.
Tribunal. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, al referirse al amparo constitucional y a la acción popular, recursos planteados por dirigentes indígenas, indicó que estos expedientes ya fueron sorteados y hay 30 días para emitir el fallo.
“En las dos acciones presentan fundamentos de que se estarían vulnerando algunos derechos fundamentales, a partir de ello el tribunal se pronunciará. Se está verificando si corresponde la tutela correspondiente, si se observa una tutela se verán los mecanismos para que se restablezca la observancia de los derechos que estarían siendo vulnerados”, explicó.
