El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy en su estación ‘en grande’ el proyecto de Ley Nº 707/2012-2013, de Participación y Control Social, que tiene por objeto establecer el marco general del control social de las organizaciones sociales y otros a la gestión pública en aplicación a los artículo 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en 2009.
«Hemos anotado varios temas que han surgido del debate, algo que tenemos que tomar en cuenta es que no puede ser remunerado el control social, es uno de los primeros elementos, no se puede pagar a quien ejerce el control social, eso se ha debatido en la Asamblea Constituyente y tenemos respaldo de organizaciones sociales, especialmente de la Conaljuve (Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia)», declaró la presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa, Rebeca Delgado.
El presidente de Conaljuve, Efraín Chambi, expresó que las organizaciones sociales junto a las organizaciones sociales son los actores genuinos del constrol social. La diputada Adriana Arías afirmó que el proyecto de Ley de Control Social fue trabajado desde 2008 con al menos 305 organizaciones sociales y más de 1.500 dirigentes.
El 30 de octubre los sectores sociales afines al Gobierno presentaron ante el presidente, Evo Morales, el proyecto de Ley de Control Social que, entre otros aspectos, perfila la creación de una especie de suprapoder desde donde se fiscalizará a los cuatro órganos del Estado, gobernaciones, municipios, empresas, cooperativas e instituciones estatales y no estatales.
La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Julia Ramos, informó en esa ocasión a La Razón Digital que el trabajo desarrollado está enmarcado en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la creación e institucionalización del control social a las diferentes instancias del Estado.
Hasta el momento, la Contraloría General del Estado es la instancia operativa de fiscalización del conjunto de las instituciones públicas. En el caso de los municipios, también están involucradas en la fiscalización diferentes instancias de la sociedad a través de los denominados Comités de Vigilancia.
El anteproyecto de ley refiere la creación de un Consejo Nacional y de comités para desarrollar la labor de fiscalización. “Se aplicará el control social a todas las instancias del Estado y a las autoridades electas. El control social apunta a la transparencia, acá no se pueden cometer errores. Se hará un control a todo nivel, no sólo del Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial, sino a todas las instituciones estatales y no estatales”, anunció Ramos.
Gustavo Aliaga, secretario General de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), explicó que el Consejo Nacional estará encargado de vigilar a los cuatro poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas e instituciones privadas; mientras que los comités apuntarán a fiscalizar a gobernaciones, municipios y otras instancias productivas.
El proyecto de Ley tiene 41 artículos y disposiciones transitorias, abrogatorias y derogatorias. Instruye la realización de una rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión y el establecimiento de espacios de Información y Propuestas. Con la finalidad de seguir socializando el proyecto y realizar algunos ajustes sugeridos en la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados difirió el tratamiento en detalle de dicho proyecto para la próxima semana.
