La Cámara de Diputados aprobó anoche en detalle el proyecto de Ley 707, de Participación y Control Social, que define los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado. La pasada semana, esta instancia legislativa aprobó la normativa en su estación en grande, por lo que ahora ésta será remitida a la Cámara de Senadores.
“El trabajo se ha realizado con la comisión, con la Fejuve de El Alto, técnicos y las diferentes organizaciones sociales. Estamos aprobando esta ley que recoge el conjunto del sentimiento del pueblo para realmente efectivizar el control social y la participación”, aseguró la titular de la Cámara Baja, Rebeca Delgado.
Diputados de la oposición (CN) rechazaron y criticaron la norma, ya que, según su crítica, se trata de una fiscalización “entre ellos”, porque hay sectores sociales, sindicatos y otros dentro del Gobierno.
La ley se aplicará a las entidades públicas de los órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; así como a empresas e instituciones públicas descentralizadas y entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena-originarias.
