La red de extorsión, según información de las denuncias recibidas, exigía entre 5.000 y más 100 mil dólares a sus víctimas, principalmente en juicios en etapa investigativa y en la que estaba en juego dinero. Tenían vínculo director con jueces y fiscales que eran “complacientes” a la hora de los procesos en los tribunales, informó el director de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín.
Los miembros de la red delictiva exigían dinero a sus víctimas para que la justicia se incline por las medidas sustitutivas a la detención preventiva, en una audiencia judicial de medidas cautelares, en la que intervienen fiscales y jueces. “Extorsionaban jugando con la libertad de las personas…nos han contado que han sido extorsionados y que han sido encarcelados injustamente”, reveló.
La red, desarticulada a fines de noviembre, operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, exfuncionarios del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez fueron encarceladas, junto a otras seis personas.
Operaban con intermediarios que exigían desde 5.000 hasta más de 100 mil dólares a sus víctimas. “Donde veían que había dinero e interés económico se involucraban; ese es el común denominador de las 30 denuncias vinculadas con la res delictiva; sólo estamos hablando de un trabajo de menos de un mes en la ciudad de La Paz”, reveló al noticiero de la red Uno.
El caso es procesado en Santa Cruz y fue develado a raíz de una investigación sobre irregularidades en el proceso judicial contra el estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por la supuesta legitimación de ganancias ilícitas. El estadounidense logró su libertad condicional luego de haber permanecido 18 meses sin juicio ni sentencia. El actor Sean Penn abogó por su compatriota.
Algunos jueces y fiscales estaban vinculados con la red, ya que se puede decir que “eran complacientes” en los tribunales. “El vínculo con otras autoridades judiciales y del Ministerio Público era directa”, señaló Albarracín.
El Gobierno señaló que es necesario acortar el tiempo de los procesos y juicios para evitar cualquier hecho de corrupción, ya que ve en el tiempo una oportunidad para la corrupción. “Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados”, señaló el sábado el vicepresidente Álvaro García, en el marco de una interpelación legislativa a tres ministros por el caso extorsión.
Mientras tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteo la incorporación de agentes encubiertos en la justicia para evitar y denunciar la corrupción.
Albarracín informó que recibió 80 denuncias de corrupción en el último mes en La Paz, de las que 30 están relacionadas con la red de extorsión. El caso descubierto y las denuncias recibidas muestran “que hay bastante flexibilidad en el manejo de la justicia”.
También adelantó que entre las denuncias recibidas están en contra de autoridades judiciales y fiscales. Las denuncias serán remitidas al Ministerio de Transparencia y al Consejo de la Magistratura para su investigación correspondiente.
