La Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno reveló que la red de corrupción y extorsión operaba con intermediarios que cobraban a sus víctimas de $us 5.000 a $us 100 mil, o más. “Donde veían que había dinero e interés económico, se involucraban”, afirmó Miguel Albarracín, responsable de la citada repartición estatal. Refirió que no hay facturas ni pruebas sobre estos hechos y que, a lo mucho, dieron con alguna grabación o fotografía sacada por los denunciantes.
El dinero servía para que en determinada audiencia de medidas cautelares, autoridades judiciales o fiscales den curso a que se otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva a un acusado. “Los casos más bajos lindan en 5.000 dólares (…) y para arriba estamos hablando de 80 mil dólares, 100 mil dólares o más”, aseveró Albarracín a la red Uno.
Este tipo de extorsión se ejecutaba durante la etapa investigativa de un proceso judicial, especialmente en el área penal, según el común denominador de las quejas recibidas. Refirió que existe la posibilidad de que muchos casos no lleguen a la denuncia, pero que a la fecha se contabilizaron 80, 30 de ellos presentan el mismo modo de operar y todos corresponden a La Paz.
