La presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, dejó en manos de los miembros de la bancada oficialista su continuidad o no al frente de esa instancia legislativa y reveló que cuando asumió el cargo enfrentó algún nivel de resistencia ya que trataron de “eliminarla” con un juicio penal y otros no le daban más que una gestión de seis meses.
Delgado, diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia de la Cámara Baja luego de una reñida votación entre los miembros de la bancada oficialista en Palacio de Gobierno. Consiguió el 13 de enero de 2012 siete votos más que su colega Héctor Arce y se hizo de la presidencia.
El 22 de enero deberá renovarse las directivas en la Asamblea Legislativa y la actual presidenta dejó a sus correligionarios evaluar su trabajo y definir su futuro.
“No va a ser una decisión personal sino una decisión de la bancada, si queremos que haya continuidad o no. Tenemos una bancada plural con más de 80 diputados y diputadas, y cualquiera de nosotros podría asumir una función que no solo tiene que estar reservada para académicos”, explicó la noche del jueves en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.
Delgado generó una polémica con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el proyecto de ley de Extinción de Bienes. El presidente Evo Morales señaló el 2 de enero que en el pasado no hubo conflicto en torno a las leyes remitidas al Legislativo por el Ejecutivo. “Lamentablemente con la señora Rebeca Delgado ha habido muchos problemas, eso va a ser evaluado”, sostuvo ese día.
Al interior del oficialismo existen dos corrientes respecto a la continuidad o apoyo a la presidenta de Diputados, quien reconoció que en política siempre hay intereses. “Siempre en todos los gobiernos, (la presidencia de Diputados) ha sido un lugar donde se ha querido estar”, señaló.
Recordó que cuando asumió el cargo, en enero 2012, algunos aseguraban que sólo iba a estar hasta junio. “Me iniciaron un proceso…no me han podido eliminar con ese proceso penal”, explicó y evitó dar mayores detalles, aunque adelantó que ese proceso no tenía ningún sustento jurídico.
