La Fiscalía General de Bolivia emprenderá acciones legales contra los medios de comunicación que hayan vulnerado la ley de protección a víctimas de delitos sexuales, tras la difusión de un vídeo en el que una mujer es violada supuestamente por uno o varios diputados de la región de Chuquisaca (sur).
Esta misma institución ordenó ayer la apertura de una investigación sobre esta agresión, que tuvo lugar en diciembre pasado en el hemiciclo del Legislativo regional de Chuquisaca en el transcurso de una fiesta de Navidad, y que quedó registrada en un vídeo.
Las imágenes han sido difundidas tanto por televisión como en las páginas web de las ediciones digitales de varios diarios bolivianos, lo que la Fiscalía considera una vulneración de los derechos de la víctima, una empleada de la Asamblea que se encontraba en estado de ebriedad.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, ha ordenado al fiscal departamental de Chuquisaca que «inicie las acciones legales correspondientes, en estricta sujeción a las disposiciones legales vigentes».
En un comunicado, esta institución alude a la legislación boliviana, según la cual «la víctima tiene derecho al anonimato en los medios de comunicación y a que no se brinde información sobre su familia o su entorno que permita su identificación».
También pide que se anteponga el interés del ser humano a cualquier otro, «puesto que con la continua difusión de imágenes, vídeos y ciertas notas periodísticas se está generando una situación altamente revictimizante», señala.
La nota de la Fiscalía General considera asimismo que «cuando incurrimos en acciones que recuerdan el acto delictivo (…) se generan estados de ansiedad, estrés o angustia que afectan a la vida cotidiana, al punto de que la víctima prefiere que el caso se deje en la impunidad o provocar la pérdida de vidas humanas».
La presunta violación de la empleada en el hemiciclo de la Asamblea de Chuquisaca fue hoy portada en varios periódicos bolivianos y suscitó numerosas reacciones, entre ellas la del presidente del país, Evo Morales, quien ha censurado lo ocurrido.
Morales pidió este jueves la renuncia o licencia indefinida de los legisladores supuestamente implicados en la violación hasta que se aclaren los hechos, que calificó de inaceptables.
También la Defensoría del Pueblo condenó, a través de un comunicado, el «vergonzoso suceso» y exigió a las autoridades una actuación «rápida, imparcial y contundente, y que la sanción no se limite a la simple separación del cargo y mucho menos se facilite la impunidad».
Además, esta institución pidió a los medios de comunicación que «el deber de informar de manera completa no excluya la necesidad de mantener el respeto y la consideración que merecen las víctimas de violencia».
Varios medios sostienen que el asambleísta Domingo Alcibia, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), es el principal sospechoso del abuso.
Este legislador no ha vuelto a aparecer en público desde que se conoció la denuncia.
