Tres inhibidores de señal de celular son instalados en el penal de Palmasola de Santa Cruz para evitar que los internos hagan o reciban llamadas de teléfonos móviles, como parte de las acciones de control en los recintos carcelarios. Los aparatados serán activados en 15 días y fueron adquiridos cada uno en 40 mil dólares, se informó.
El director de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos informó a La Razón Digital que los tres aparatos fueron probados con éxito y que serán colocados en tres bloques del recinto penitenciario de Palmasola, considerado como el más grande del país con aproximadamente 2.750 internos.
“Se han hecho las pruebas; son tres inhibidores telefónicos que serán colocados en Palmasola. En 15 días estarán funcionando estos aparatos”, explicó la autoridad, quien añadió que similares “bloqueadores de señal” serán instalados en el resto de recintos carcelarios.
En diferentes oportunidades la Policía estableció que atracos y otros delitos son organizados y operados desde los recintos carcelarios, precisamente a través de comunicaciones por teléfonos móviles entre los delincuentes.
El presidente Evo Morales promulgó en agosto la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que establece en el artículo 48, parágrafo I, la instalación de sistemas electrónicos para el bloqueo de telecomunicaciones que eviten la “comunicación entre internos e internas de recintos penitenciarios con personas que se encuentren con la presunta comisión de delitos, en capitales de departamento y provincias del departamento nacional”.
Cada inhibidor telefónico tiene un costo aproximado de 40 mil dólares y según el blog bloqueodelasenaltelefonicamovil un inhibidor es un dispositivo electrónico que impide las transmisiones radioeléctricas en un determinado rango de frecuencias mediante la emisión de una señal de mayor potencia que la del emisor que quiere transmitir.
El parágrafo II del artículo 48 de la Ley de Seguridad Ciudadana también prevé que el Gobierno por medio del Ministerio de Gobierno deberá instalar cabinas telefónicas públicas en los recintos penitenciarios con el propósito –refiere la norma- de mantener la comunicación familiar y social de las internas y los internos, además de coadyuvar a su defensa legal.
Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación 2012 para las tareas de seguridad ciudadana superan los 2.200 millones de bolivianos, sin embargo a ese monto se agregarán unos 600 millones de bolivianos provenientes de las gobernaciones y municipios, explicó.
