El exsubcomandante de la Policía Boliviana, general Óscar Muñoz, reveló ayer que el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, dio la orden para la intervención policial a la marcha indígena del 25 de septiembre de 2011 en la zona de Chaparina y que durante el operativo habló, por celular, con el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti. Estos hechos, afirmó, rechazan la posibilidad de una ruptura de la cadena de mando.
Muñoz hizo esas declaraciones durante la inspección ocular que los fiscales encargados de investigar el caso, Róger Velásquez y Patricia Santos, hicieron ayer en Chaparina, a unos 300 kilómetros de La Paz.
“Yo me comunicó con el viceministro Farfán y le indicó: Viceministro tenemos un incidente… Farfán me dice espere un momento, me voy a comunicar y le devuelvo la llamada; me devuelve la llamada y me dice proceda al operativo”, relató según el audio de las declaraciones hechas en Chaparina y difundidas por la red Erbol.
En sus declaraciones, el excomandante de la Policía –con detención domiciliaria por su participación en la represión indígena- pidió a los fiscales investigar el flujo de llamadas que salieron e ingresaron a su teléfono celular corporativo 72005360. También solicitó que revisen el flujo de llamadas del teléfono del exdirector de Régimen Interior Boris Villegas que estuvo en el operativo y que hoy guarda detención en la cárcel de Palmasola, por su vinculación con la red de extorsión y corrupción desarticulada en noviembre.
El 25 de septiembre un contingente de al menos 500 policías llevó adelante un operativo de intervención a la VIII marcha indígena que se oponía a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los indígenas, entre mujeres y hombres, fueron maniatados y amordazados con cinta masquin.
Muñoz develó una comunicación con el exministro de Gobierno Sacha Llorenti durante el operativo. Señaló que el enlace se hizo a través del teléfono celular de Villegas. “En el teléfono de Boris Villegas se acercan y me dicen ‘el Ministro… en pleno operativo, las horas están en el teléfono de Villegas’; ahí podemos precisar las horas”, sostuvo Muñoz.
Más adelante señaló: “Yo me encontraba acá sobre la carretera (Chaparina) y le hago conocer del operativo (al Ministro de Gobierno), no dice nada y agarra y me dice quiero comunicarme con el viceministro Farfán; no me dice se suspende el operativo, el operativo está mal, absolutamente nada, y voy a entregarle el teléfono al Viceministro”.
De esta manera el exjefe policial negó que la cadena de mando haya sido rota como se habló en algún momento. Llorenti en reiteradas oportunidades responsabilizó a Farfán por lo ocurrido ese 25 de septiembre, mientras que el acusado negó tal extremo.
“El 24 (de septiembre) en la madrugada ingresan siete camionetas de la Fuerza de Tarea Conjunta a la Unidad de Umopar (Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales, en Yucumo). Yo no tengo autoridad para dirigir esas unidades”, explicó Muñoz, como un elemento más con el que apuntala su versión de que él no dio la orden directa de intervención.
También indicó que el excomandante General de la Policía, general Jorge Santiesteban, le ordenó hacerse presente en Yucumo.
“Llegamos en la tarde al Grupo Aéreo de Caza (en la ciudad de El Alto) pero una hora antes el viceministro Farfán había decolado hacia San Borja (Beni) por lo que ingresamos en horas de la noche, pernoctamos en Caranavi y a las 09.30 de la mañana llegamos a Umopar (en Yucumo). El general (Edwin) Foronda me da parte y dice que el coronel (Luis Alberto) Zapata, el coronel (Óscar) Chávez y otros cuatro oficiales de rango mayor dieron tres cursos de acción al viceministro Farfán quien elige uno el cual estaba vigente hasta las 12 de la noche, alrededor de las 12 de la noche el viceministro Farfán llama e indica que se suspende el operativo sin hora definida”, recordó.
Días después del operativo Farfán renunció al cargo y negó que él haya dado la orden para la intervención violenta a los indígenas.
Llorenti cumple hoy las funciones de embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Fiscalía lo excluyó en agosto de las investigaciones, lo que fue cuestionado por distintas instancias de defensa de los derechos humanos, entre ellos el Defensor del Pueblo.
