La investigación sobre una segunda red de extorsión que involucra a fiscales, jueces y otras autoridades tiene a 13 personas sindicadas y al menos 17 testigos. Se prevé que uno de los primeros citados sea el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en calidad de denunciante.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso La Razón, inicialmente la denuncia llegó al Viceministerio de Régimen Interior, por lo que se prevé que el titular de ese despacho figurará entre los primeros convocados por el Ministerio Público. El fiscal Marco Rodríguez, quien fue asignado al caso, evitó dar detalles de la investigación; sin embargo, aclaró que Jorge Pérez será convocado como denunciante.
El martes se limitó a informar que “jueces, fiscales y funcionarios de la administración de justicia habrían procedido a sacar ventaja económica de imputados, sobre todo del reo Carlos Alberto Junco”, quien fue acribillado con nueve balazos en el penal de Chonchocoro, en noviembre de 2010. Ante la insistencia de los medios y sin mencionar nombres, el fiscal indicó que la investigación involucra a “13 sindicados y 17 o 18 testigos”.
Acusados. En una lista a la que accedió este medio resaltan los nombres de Fernando Rivera Tardío y Luis Alberto Antezana Pinaya, el primero exabogado del Ministerio de Gobierno y el otro hermano de José Manuel Antezana, exdirector de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
Tanto Rivera como el exfuncionario de la cartera de la Presidencia se encuentran detenidos en el penal de Palmasola (Santa Cruz) tras ser implicados en el caso de corrupción y extorsión denunciado por el Ministerio de Gobierno el 26 de noviembre de 2012.
A Luis Alberto Antezana Pinaya le acusan de haber trabajado como actuario en un juzgado de materia civil, desde donde se habrían apropiado de algunos bienes inmuebles y carros. Entre los sindicados en el caso Extorsión II figura también un exchofer del Ministerio de Gobierno, Willy Renato Luna Alarcón, quien presuntamente habría introducido a Chonchocoro el arma que se utilizó para dar muerte a Junco.
“Como Ministerio de Gobierno estamos revisando quiénes habrían provocado la muerte (de Junco), esa es la investigación que se está realizando (…) con el tema de la (segunda) red de extorsión está el Viceministerio (de Régimen Interior)”, señaló la abogada Paola Barriga Machicao, apoderada legal del Ministerio de Gobierno.
La jurista manifestó que será el Ministerio Público el que determine todos estos elementos que conduzcan a esclarecer esa muerte y adelantó que de momento se analiza el nuevo proceso abierto para asumir las acciones que correspondan en ley, aunque el caso de la segunda red de extorsión lo ve el equipo legal del viceministerio. En la lista de acusados se menciona a dos personas particulares, a una jueza de la ciudad de El Alto y dos exjueces de La Paz, con los que serían oficialmente ocho los sindicados. A éstos se sumarían los nombres de cinco vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
Citación. El viceministro Jorge Pérez (denunciante), Fernando Rivera y José Manuel Antezana serán los primeros convocados; a los últimos les tomarán declaraciones en calidad de sindicados, en Santa Cruz, según fuentes extraoficiales.
Entre los primeros convocados se prevé la presencia del exchofer del Ministerio de Gobierno, dos exjueces y la jueza de la ciudad de El Alto. Sobre las fechas de comparecencia de los sindicados no se tiene certeza; además, existiría un instructivo que pide mantener en reserva los detalles de los actos investigativos.
Denuncia se presentó en diciembre
Proceso
La denuncia que dio inicio al caso Extorsión II data del 4 de diciembre de 2012 y señala que el abogado Fernando Rivera “extorsionó a un juez” para luego pedir la libertad de uno de los implicados en la muerte del reo Carlos Junco en Chonchocoro, en 2010.
