El Gobierno de Evo Morales informó hoy que ha contratado a dos abogados chilenos para defender a los tres soldados detenidos y procesados en Chile por ingresar con un fusil en territorio de ese país la semana pasada.
«Desde el pasado jueves dos abogados penalistas de nacionalidad chilena, contratados por el Estado Boliviano, asumieron la defensa legal de los dragoneantes del Ejército que se encuentran en prisión preventiva en Iquique», señala un comunicado del ministerio boliviano de Defensa.
Los tres soldados bolivianos fueron detenidos el pasado viernes cerca del paso fronterizo de Colchane, 1.987 kilómetros al norte de Santiago, portando un fusil y ahora están recluidos en una cárcel en la localidad vecina de Alto Hospicio mientras se realizan las investigaciones, que podrían extenderse unos quince días. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, ratificó que los soldados fueron detenidos cuando realizaban un operativo contra el contrabando de vehículos indocumentados y aseguró que el Ejecutivo boliviano realizará «todas las acciones que correspondan» para liberarlos, según la nota enviada por su oficina.
El cónsul boliviano en Santiago, el excomandante de las Fuerzas Armadas Ramiro de la Fuente, manifestó hoy la «molestia» del Gobierno de su país porque, según dijo, el Gobierno de Chile no ha «comprendido los alcances» de la misión que cumplían los soldados y «los haya remitido como delincuentes a la cárcel».
Esta detención ha sido motivo de una nueva polémica entre los gobiernos de Bolivia y Chile, que en los últimos días también se enfrentaron por la demanda boliviana de una salida soberana al océano Pacífico perdida en una guerra librada a fines del siglo XIX.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó el jueves que Chile ha tomado «represalias» contra los tres soldados por el impacto mediático que, a su juicio, logró el presidente Morales con su defensa de la demanda marítima durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carineños (Celac).
El ministro de Defensa de Chile, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo por su parte que «a Chile se ingresa sin armas y por pasos habilitados» y que «todo lo demás es ilegal y no será aceptado» por las instituciones de ese país.
