El Tribunal 6° de Sentencia de La Paz resolvió otorgar la detención domiciliaria al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, luego de que éste permaneciera cuatro años y cuatro meses preso, acusado de ser principal responsable de la masacre de Porvenir del 11 de septiembre de 2008.
Antes de emitir esa resolución, el Tribunal solicitó informes médicos que permitan establecer el estado de salud de Fernández, quien fue sometido a una intervención quirúrgica la semana pasada. Se pidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice una evaluación forense y también lo hagan los médicos de la clínica Cemes, donde se encuentra internado.
El tratamiento de la solicitud de modificación de medidas cautelares estaba programado para el jueves; sin embargo, el presidente del Tribunal, César Portocarrero, lo resolvió ayer.
Los informes llegaron el lunes y se vio conveniente, sobre el análisis de esos medios médicos, que ameritaba una modificación de medidas cautelares. “En aplicación del artículo 250 del Código de Procedimiento Penal se modificó la detención para Leopoldo Fernández a detención domiciliaria, en La Paz, con dos escoltas de la Policía Boliviana”, señaló Portocarrero.
La determinación debió tomarse en una audiencia, pero el Tribunal actuó de puro derecho y favoreció a la petición de la defensa del exprefecto. “Creo que el Tribunal ha velado el tema de la salud, que es lo más importante”, dijo Karlo Brito, abogado de Fernández, quien, no obstante, hizo notar que jurídicamente correspondía que se le dé libertad, porque según la legislación nadie puede estar detenido más de tres años y él cumplió más de cuatro años y cuatro meses preso.
Portocarrero añadió que la detención domiciliaria rige una vez que sea dado de alta, lo cual, según Pamela Fernández, hija de la exautoridad, se hará efectiva en una vivienda de la zona de Cota Cota, en La Paz, luego de que se someta a una operación de próstata y supere su recuperación en unos 20 días.
En tanto, el juez informó que la audiencia fijada para mañana no se suspendió y la abogada Mary Carrasco, quien representa a las víctimas de Porvenir, aseguró que “no se apelará la decisión del Tribunal para garantizar la continuidad del juicio oral”.
El fiscal del caso, Eduardo Morales, a través de un contacto telefónico con La Razón, manifestó que su autoridad desconocía ese fallo y que éste debió emitirse en una audiencia en la que participe el representante del Ministerio Público. El fiscal se enteró de esa determinación mientras se encontraba en Sucre, aunque inicialmente no anunció una apelación.
La defensa de Fernández confía en que “cualquier tribunal confirmará esta decisión del juez porque se está anteponiendo la salud y la vida”.
Su salud se encuentra deteriorada
Proceso
Es acusado de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa tras la masacre del 11 de septiembre de 2008, en Porvenir. Le detectaron cáncer y tuberculosis, le extirparon un riñón y debe someterse a una cirugía de la próstata.
