La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia espera que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de autoridades derive en una mayor estabilidad local. Aunque los procesos contra actos dolosos deben continuar, insiste.
La mayor estabilidad política que puede traer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al anular la suspensión a sola acusación fiscal, sin embargo, señaló el director ejecutivo de la FAM, Ariel Rojas, “no exime de la responsabilidad que pudiesen tener las autoridades en el ejercicio de sus funciones”.
Específicamente Rojas se refiere a que cuando se denuncien actos dolosos de las autoridades electas, la denuncia debe procesarse en el Concejo Municipal.
“La Comisión de Ética (del Concejo) debe informar al pleno del Concejo sobre los indicios que pudiesen existir; y si hay indicios de responsabilidad penal, el caso debe ser remitido al Ministerio Público para que pueda proseguir con la investigación.
Restituciones. Desde Tarija se informó que la agrupación Camino al Cambio pedirá en la Asamblea Departamental Legislativa la restitución de Mario Cossío en el cargo de gobernador.
El jueves, en declaración a Erbol, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, señaló que son las asambleas departamentales y los concejos municipales las instancias que ahora deben considerar o no las restituciones.
“Es algo que tienen que solicitar (…), la reconsideración de su suspensión, y seguramente cada Asamblea Departamental y cada Concejo Municipal, a la luz de la sentencia constitucional, va a ir reconsiderando cada caso”, señaló.
El exalcalde de Sucre Jaime Barrón anunció que analiza la posibilidad de iniciar un proceso penal contra los seis concejales que votaron su suspensión en 2010. El juicio no será para volver a ser alcalde, pues Barrón renunció, sino, dijo, “solamente con el interés de defender la democracia, de defender el derecho al voto”.
Restituyen a dos asambleístas
La Asamblea Legislativa Departamental del Beni restituyó ayer a los asambleístas Sonia Suárez (MNR) y Carlos Navia (MAS), luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías referidos a la suspensión de autoridades electas.
“He recuperado mis derechos. Se debió al fallo del Tribunal Constitucional, porque de otra forma yo he sido suspendida mediante una resolución de Asamblea totalmente ilegal que, como sabemos, contravenía a la Constitución”, informó Suárez a la ANF.
Caso. Junto a Suárez, también el asambleísta Carlos Navia fue restituido en su curul, con lo que a la fecha ya son tres autoridades electas las que recuperaron sus cargos tras haber sido suspendidos por los artículos dispuestos en esa ley.
El primero fue el alcalde de Potosí, René Joaquino, quien recuperó su puesto el jueves, tras una sesión del Concejo edil.
Suárez y Navia vuelven a sus cargos tras 13 meses de suspensión. La asambleísta dejó el cargo en diciembre de 2011, juntamente a Ernesto Suárez, exgobernador del Beni, suspendido por supuestos actos de corrupción.
El jefe nacional del MNR, Jhonny Torres, a tiempo de festejar el hecho, informó que su partido recuperará otros dos curules de asambleístas que fueron expulsados del MNR por haber pactado con el MAS para derrocar a Suárez; se refirió concretamente a Haisen Rivera, quien aún funge como gobernador del Beni.
