El fiscal Marcelo Soza confirmó que por disposición de la Sala I de Sentencia de la judicatura de La Paz, el juicio contra los financiadores y miembros de una célula de mercenarios europeos que buscaba encender una guerra civil en Bolivia, se radicará desde lunes en la ciudad de Santa Cruz, a pesar que no ofrece las garantías para los funcionarios públicos del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.
‘Velando por la seguridad, la salud, integridad física y la vida de los imputados, para el lunes se fijó la audiencia de juicio oral en Santa Cruz, que no reúne las condiciones, mucho menos de la audiencia de reapertura’, explicó en declaraciones a la ABI.
En su fase sumaria el proceso se efectuó en la jurisdicción de Tarija.
Soza denunció amenazas de muerte lanzadas por anónimos contra él, un funcionario que lo acompaña y hasta personeros del Ministerio de Gobierno, por allegados a los grupos de poder que financiaron al cabecilla de la banda de mercenarios, el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa Flores, veterano de la guerra secesionista de los Balcanes, en Europa.
Rózsa y tres de sus lugartenientes cayeron en abril de 2009 en un hotel de la ciudad de Santa Cruz, durante una operación policial.
Soza explicó que Santa Cruz no ofrece las garantías para llevar a cabo este juicio, teniendo en cuenta los antecedentes de que en esa ciudad ocurrieron los hechos y la investigación.
Dijo que personas vinculadas a la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, en 2007 y 2008 brazo armado de un grupo de derechas que hasta planteó la división de Bolivia entre tierras altas y bajas, y del político empresarial Comité Pro Santa Cruz obstaculizan la instalación del juicio.
A pesar de este cuadro de situación, ‘estamos preparados con pruebas y las evidencias con el objetivo de cumplir la función y demostrar que algunos malos ciudadanos han querido dividir al país y a eso estamos apuntando’.
