La administración del presidente Evo Morales denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que Chile vulneró acuerdos internacionales y bilaterales con la detención de tres soldados, cuando luchaban contra el contrabando. Bolivia demandó ante ese organismo la libertad de los detenidos y pidió a la comunidad internacional prestar atención al curso del caso.
El embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, envió al secretario General del organismo internacional, Bank i Moon, una misiva, fechada el 13 de febrero, en la que explicó que la acción chilena vulneró los tratados en materia de Cooperación Jurídica Internacional y el relativo a relaciones consulares al no haber garantizado los derechos de los conscriptos.
Bolivia reafirmó que Santiago fue con esa acción en contra de los tratados, principalmente vinculados con los Instrumentos Internacionales de lucha contra el Crimen Organizado, la Convención Interamericana de Asistencia Penal Mutua, además del acuerdo bilateral de cooperación entre la Policía de Bolivia y Carabineros de Chile para cooperación en materia de ilícitos.
Los conscriptos Claudio Álex Choque Quispe (20 años), Augusto Cárdenas García (19) y José Luis Fernández Choque (18) fueron capturados por carabineros de Chile en la línea fronteriza, el 25 de enero, cuando custodiaban un vehículo indocumentado que pretendía ser introducido a Bolivia.
En la misiva enviada al secretario General de la ONU, Llorenti deja establecido que los detenidos no tuvieron una comunicación inmediata y expedita con el Consulado boliviano, con lo que se fue en contra de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Los conscriptos son acusados, en la vía ordinaria, por los delitos de portación ilegal de armamento de guerra e ingreso por un paso no habilitado, que tienen una pena de cinco a 20 años de prisión, según la normativa chilena. El gobierno chileno afirmó que el caso es judicial, al igual que lo hicieron el juez y el fiscal que atienden el proceso en Iquique.
Llorenti recordó que “vanos fueron las gestiones para la liberación de los efectivos militares debido a que las autoridades chilenas dispusieron su detención preventiva” y cuestionó la decisión de someter a los tres detenidos a un juicio porque ellos cumplían una misión asignada por el Estado.
“En ningún caso los militares bolivianos debieron ser llevados a juicio porque en el fondo la pretensión del Estado chileno es juzgar al Estado boliviano, lo cual es violatorio del principio par in parem non habet imperium (nadie tiene potestad sobre su igual)”, refiere parte de la misiva enviada a la ONU.
El vicepresidente Álvaro García demandó el viernes al gobierno de Sebastián Piñera no utilizar como “rehenes políticos” a los conscriptos bolivianos detenidos y resolver el conflicto en función a normas internacionales, a través de la vía diplomática o ante instancias internacionales.
En la carta, el embajador aboga porque la comunidad internacional haga seguimiento del caso. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que preste la debida atención a este lamentable caso, actúe a través de medidas prácticas, y que la República de Chile cumpla con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas para garantizar la integridad personal y la libertad inmediata de los soldados bolivianos”.
