El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y la abogada del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga, fueron citados a declarar como denunciantes en el caso denominado Extorsión II.
El fiscal de materia Marco Antonio Rodríguez informó ayer que ambos deberán presentarse ante el investigador, aunque no precisó la fecha.
“Una vez que presten su declaración vamos a tener una información mucho más fidedigna de qué es lo que se les sindica a cada una de las personas denunciadas y con ello vamos a citar a quienes que se hallan involucrados en la investigación”, explicó.
La denuncia que dio inicio al caso Extorsión II data del 4 de diciembre y asegura que el abogado Fernando Rivera “extorsionó a un juez” para pedir la libertad de uno de los implicados en la muerte del reo Carlos Junco, ocurrida en 2010 en Chonchocoro.
Rodríguez precisó que el caso involucra a 16 personas, entre jueces, fiscales, personal administrativo, funcionarios del Ministerio de Gobierno y particulares.
Recordó que se denunciaron tres hechos: el presunto ingreso de un arma de fuego al penal de Chonchocoro con la que supuestamente se mató al reo Junco; la existencia de una red dedicada al enriquecimiento ilícito que se apoderó de viviendas y el incremento del patrimonio de funcionarios judiciales.
