El fiscal de la región chilena de Tarapacá, Manuel Guerra, dijo hoy que el Ministerio Público está dispuesto a analizar una «salida alternativa» para evitar llevar a juicio a los tres soldados bolivianos que fueron detenidos y encarcelados tras entrar armados a Chile el pasado 25 de enero.
El fiscal de Tarapacá, la región del norte del país donde los militares bolivianos permanecen recluidos en una cárcel, dijo a Radio Cooperativa que el «camino natural» del caso lleva a la celebración de un juicio oral, aunque subrayó que el sistema judicial chileno contempla otras posibilidades.
Una de estas opciones, señaló el fiscal, es aplicar un «procedimiento abreviado», en el que se evite el juicio oral y se impute a los soldados, que al ser extranjeros podrían sustituir la condena por la expulsión de Chile.
Hasta el momento, solo ha declarado ante la fiscalía uno de los detenidos, que era quien portaba un fusil de guerra.
Los otros dos prestarán declaración este viernes ante la fiscalía de Tarapacá. Posteriormente, el Ministerio Público analizará los antecedentes entregados por los militares y discutirá con la defensa de los acusados «si existen o no las condiciones para posibilitar una salida distinta al juicio oral», dijo el fiscal Guerra.
Pese a esto, el fiscal reconoció que hasta el momento considera que no existen las premisas necesarias para «adoptar una decisión como la de no perseverar» en la acusación.
Si este viernes no se alcanza un acuerdo, los tres soldados, que tienen entre 18 y 21 años, deberán comparecer el próximo lunes ante el juzgado de garantía de Pozo Almonte a una audiencia en la que se cerrará la investigación y se revisarán las medidas cautelares contra ellos.
El fiscal de Tarapacá replicó las declaraciones del abogado que defiende a los reclutas bolivianos, el chileno Roberto Celedón, quien este miércoles aseguró que este polémico episodio debería haber sido un «minúsculo incidente fronterizo sin ninguna repercusión».
«En términos jurídicos creo que no es un incidente tan minúsculo», sostuvo el fiscal, quien recordó que «el porte de armamento de guerra es una figura agravada» en el código penal chileno.
Según el abogado de los soldados, el asunto se podría haber solventado por otra vía, porque, según aseguró, incluso el Gobierno chileno había emitido los decretos de expulsión de los tres, pero esa posibilidad se vio frustrada por la judicialización del caso.
El Ejecutivo boliviano defiende que los soldados ingresaron involuntariamente en territorio chileno durante una operación contra el contrabando de vehículos en una zona en la que, dicen, la frontera no está señalizada.
Bolivia denunció la detención de los militares ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una carta en la que también acusa a Chile de utilizarlos como «rehenes políticos» en represalia por su demanda de obtener una salida al mar, perdida en una guerra contra Chile a fines del siglo XIX.
El Gobierno chileno, en tanto, anunció este miércoles que responderá oficialmente ante la ONU a Bolivia en otra misiva en la que insistirá en su argumento de los tres uniformados no fueron detenidos por su condición de bolivianos ni de soldados, sino por haber traspasado ilegalmente la frontera.
El miércoles unas 4.000 personas se manifestaron en La Paz para reclamar a Chile la liberación de los soldados y que acceda a la demanda boliviana de volver a tener territorios costeros.
