Con el objetivo de optimizar la lucha antidrogas en el oriente del país, la Unión Europea (EU) y el Ministerio de Gobierno firmaron un acuerdo que contempla el mejoramiento de la estación de control de Santa Fe, al noroeste de Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el convenio con la UE servirá para endurecer la lucha contra el narcotráfico en el país. “El acuerdo contempla el desembolso de dos millones de euros por parte del organismo para la construcción de un Centro de Operaciones Antinarcóticos en Santa Fe y la edificación de dos sitios migratorios fijos, tres puestos terrestres móviles y un lacustre en las fronteras”, detalló.
De los dos millones de euros de la UE, un millón será destinado para la construcción de una infraestructura para la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que trabaja en el municipio de Yapacaní, considerado como zona roja del narcotráfico por el Gobierno nacional.
“La base instalada el 8 de octubre de 2012 estaba operando inicialmente desde unas carpas que fueron armadas con el apoyo de los vecinos en un campo deportivo. Con estos recursos vamos a edificar una infraestructura y dotar de equipos para que puedan trabajar en la lucha de erradicación del narcotráfico”, subrayó.
La otra parte del dinero servirá para la construcción de dos oficinas de migración en Puerto Suárez —frontera con Brasil— y Yacuiba —límite con Argentina—, además de otros tres puestos móviles que operarán de acuerdo con las necesidades, incluido un centro lacustre en La Paz.
Romero explicó que es importante edificar un centro policial en Yapacaní porque es considerada una zona con fuerte presencia del narcotráfico, pese a las acciones de interdicción que desarrollan los efectivos de la FELCN.
La policía antidroga incautó alrededor de 6,2 toneladas de droga en 1.127 operativos realizados en el municipio de Yapacaní durante 2012, además intervino 1.166 fábricas, destruyó 7 pistas clandestinas y aprehendió a 71 personas.
“No nos hemos equivocado al declarar zona roja, ahora nuevamente estas cifras nos muestran que la ilegalidad persiste, por ello se ha decidido mejorar las condiciones de lucha de los uniformados”, aseguró el ministro Romero.
El embajador de la UE, Timothy Torlot, indicó que es un nuevo capítulo de la cooperación europea a las tareas de interdicción. “Somos socios históricos en la búsqueda de desarrollo boliviano, bajo este principio durante los últimos siete años hemos invertido 75 millones de euros en el control social para el proceso alternativo de los productores”, recordó.
