La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) expresó en su informe anual 2012 sentirse “decepcionada” por la decisión del gobierno boliviano de denunciar la Convención de 1961 para legalizar el acullico porque -añade- crea “un precedente peligroso con consecuencias incalculables” para el régimen de fiscalización internacional de drogas. Además refiere que para el organismo, la “coca sigue siendo un estupefaciente”.
La JIFE, en el informe publicado ayer en el portal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hizo un llamado al gobierno de Evo Morales” para que examine muy detenidamente todas las consecuencias de sus actuaciones en la materia”.
Bolivia denunció la Convención antidroga de la ONU de 1961 en junio de 2011, porque rechaza la disposición que prohibía el masticado de coca. En diciembre del mismo año, el presidente Morales solicitó al organismo multilateral la readmisión de Bolivia con la reserva del respeto al acullico.
En enero de 2013, el organismo internacional dio curso al retorno de Bolivia a la Convención con la reserva del respeto al acullico. De los 183 Estados que ratificaron o firmaron la Convención, 15 objetaron la reserva de Bolivia (Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Italia, Canadá, Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Israel, Finlandia, Portugal, Irlanda, Japón y México); el 10 de febrero entró en vigencia la Convención para Bolivia.
La JIFE, un órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas, señaló en su informe que en su opinión la reserva propuesta es contraria al objeto y al espíritu fundamental de la Convención de 1961.
“La Junta, si bien acoge con beneplácito la intención del Gobierno de volver a adherirse a la Convención de 1961, se siente decepcionada por la decisión del Gobierno de hacer depender su nueva adhesión a la Convención de la aceptación de la reserva que propuso respecto de la hoja de coca”, refiere en parte del informe.
Además añade: “La Junta desea señalar que, independientemente de la denuncia de la Convención por el Gobierno y su propósito de volver a adherirse a la Convención con una reserva, la hoja de coca sigue siendo un estupefaciente conforme a lo dispuesto en la Convención de 1961, y todos los aspectos de la fiscalización nacional e internacional de su cultivo, producción, importación, exportación y uso mantendrán su vigencia”.
Una vez aceptada la “reserva”, la administración de Morales anunció que trazaría una estrategia en busca de la exportación de productos derivados de la coca sin alcaloide.
En el informe también se destaca los logros en materia de reducción de cultivos ilegales y excedentarios de hoja de coca y se refiere que “el Estado Plurinacional de Bolivia ocupó el segundo lugar entre los países de origen de la cocaína destinada a África occidental”.
