El 5 de febrero, el Gobierno promulgó la Ley de Participación y Control Social. Con la nueva norma, los sectores sociales fiscalizarán, con poder vinculante, a todos los órganos del Estado, municipios, gobernaciones, Fuerzas Armadas, Policía, entre otros.
El control social será ejercido a los órganos Ejecutivo, Legislativo, de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Electoral, además de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. El control social, refiere el artículo 24 de la ley, será complementario a la fiscalización gubernamental y sus recomendaciones tendrán carácter vinculante.
Los miembros del control social no recibirán remuneración y permanecerán en sus cargos por dos años. No obstante, las distintas instancias del Estado deberán fijar un presupuesto para el cumplimiento del “derecho” de fiscalización. Incluso, “el Estado Plurinacional garantizará que todo convenio con la cooperación externa (debe comprender un) presupuesto destinado a la participación y control social”, según el parágrafo III del artículo 41.
Con la nueva norma se eliminan los comités de vigilancia, creados por la Ley de Municipalidades de 1999. Al respecto, se derogan los artículos 150 y 151 de esta ley, que crean el comité de vigilancia, además de establecer un fondo de control social.
Los recursos destinados a los comités de vigilancia en los municipios pasarán a fortalecer la participación y el control social… El uso y destino de estos recursos estará sujeto a fiscalización por parte de la Contraloría General del Estado”, establece la nueva ley.
Las atribuciones del control social son denunciar actos irregulares, promoviendo el procesamiento contra autoridades, servidores públicos y empleados de entidades privadas que administren recursos fiscales. La nueva ley de control social establece un plazo de 90 días para poner en marcha los mecanismos de control social.
