El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el fiscal Marcelo Soza calificaron de un “montaje” el audio que le fue atribuido a este último y en el que se hace referencia a presuntos vínculos del Ejecutivo con los casos Terrorismo y Extorsión. Romero, en La Paz, afirmó que se trata de “una más de las campañas de desprestigio contra el presidente (Evo Morales), contra el vicepresidente (Álvaro García Linera), contra los ministros y contra el Gobierno nacional”.
Soza aseguró, en la ciudad de Santa Cruz, donde el lunes se reinstaló el juicio del caso Terrorismo, que se trata de una grabación manipulada, “pues la tecnología permite utilizar las voces de personas e imágenes”. Anunció que iniciará acciones legales.
El lunes, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó el audio de una supuesta conversación de Soza. En ese diálogo, el hilo conductor es el exoficial de la Policía Jorge Clavijo, quien fugó tras el asesinato de su esposa Hanalí Huaycho.
Según la conversación, el expolicía habría intervenido en la desarticulación del presunto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa, que ocurrió en Santa Cruz el 16 de abril de 2009; pero además habría sido parte de la red de extorsión alojada en el Ministerio de Gobierno, que fue desarticulada en diciembre de 2012.
En la grabación, de casi 25 minutos, se menciona varias veces a Clavijo y se lo relaciona con los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Transparencia, Nardi Suxo; de la Presidencia, Ramón Quintana, así como el exministro Sacha Llorenti, y con el actual viceministro Jorge Pérez. Se menciona también al Vicepresidente, a su hermano, Raúl, a la excandidata del Beni, Jessica Jordan, así como al Presidente.
Indagación. Romero explicó que el video, que llegó al Palacio de Gobierno, “presenta características de alteración, de que habría sido manipulado, montado” y llama la atención que haya sido presentado justo el día en que se reanudó el juicio por el caso Terrorismo en Santa Cruz.
Sin embargo, pese a que se trata de “enlodar” a personeros del Gobierno, la grabación fue enviada al Ministerio Público para que se investigue su “origen, las características, las personas involucradas”, indicó la autoridad. Agregó que pedirá a la Fiscalía celeridad y objetividad en la indagación.
Pero además conminó a que Soza se presente voluntariamente en la Fiscalía para esclarecer este hecho. “(Él está) en la obligación moral, ciudadana y jurídica de esclarecer, si realmente ha tenido una conversación de estas características, con quiénes y bajo qué circunstancias”, afirmó. Pidió también a la senadora Gonzales aclarar la fuente de esta grabación, cómo la obtuvo, quiénes se la proporcionaron y a través de qué medios.
Demanda. El fiscal Soza, luego de reafirmar que se trata de un “burdo montaje”, anunció que presentará una demanda contra la legisladora de oposición porque es la tercera vez que trata de involucrarlo con sobres que “llegan de manera anónima a su oficina y, sin tener el mínimo reparo de lo que contiene, presenta denuncias calumniosas”.
Recordó que primero publicó el videosoborno, luego hizo aparecer un audio en el que presuntamente habla con abogados del Ministerio de Gobierno. Ahora, sostuvo, aparece este video que es montado porque hay cortes y se oculta a la otra persona que también aparece en ese video.
“Rechazo esta calumnia y mi abogado está iniciando las acciones correspondientes contra esta senadora”, manifestó el fiscal. Entretanto, Gonzales afirmó que está “acostumbrada” a las amenazas de Soza. “Lo que vaya a pasar con mi vida, mi familia, será de responsabilidad del Gobierno y del fiscal”, afirmó.
Negó que se trate de una campaña de desprestigio, tal como aseguró el ministro Romero. Sostuvo que en lugar de lanzar acusaciones en contra de su persona, el Ejecutivo debería esclarecer de quién son las declaraciones que se oyen en el audio, en caso de que no fueran del fiscal Soza.
Parte del audio
Extorsión
“(El teniente de Policía Jorge) Clavijo trabajó en el Ministerio de Gobierno, con él trabajaba, él agarraba los mandamientos (de aprehensión) y los iba a mostrar; ve, aquí yo tengo un mandamiento, tengo control fiscal, ha empezado a extorsionar a la gente, como al (Carlos) Subirana”.
Perjuicio
“Quien está más jodido es el Denis (Rodas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno), se ha dedicado a extorsionar a un montón de gente. Si este último, en las audiencias que teníamos e íbamos con el (fiscal) Sergio (Céspedes), el Sergio enojado me llama, che hermano ese Denis dice que había pedido plata a mi nombre, no sé qué huevadas (está haciendo)”.
Aprovechados
“El antecedente que le he puesto al (ministro de Gobierno Carlos) Romero, usted sabe, yo he hablado también, todito sabe el Presidente, y eso es cierto hermano, sabe, han extorsionado, se han aprovechado un montón de gente, hermano, (Jorge) Clavijo, (Carlos) Subirana, Ana Claudia Arruda, la misma Jessica Jordan, (Jorge) Pérez, toditos esos que estaban ahí y otra gente más que tal vez no sabemos quiénes son”.
Caso Terrorismo
“El ministro sabe, yo le he pasado el dato, (de que él ha sido quien ha metido el revólver, refiriéndose a Clavijo), sabe, hermano, toditos esos saben, yo le he pasado el dato; yo sé varias cosas de ahí adentro, a Clavijo yo creo que lo van a reventar. Cuando se han hecho allanamientos de esto y nos pasó la información, yo hablé antes con el (ministro) Sacha (Llorenti) y le he dicho lamentablemente se está filtrando la información, él (teniente Jorge Clavijo) está haciendo sus negocios”.
Piden inventariar pruebas en caso Terrorismo
El Tribunal 1º de Sentencia de La Paz ayer ordenó levantar un inventario minucioso de las pruebas presentadas junto a la acusación del caso Terrorismo y alzamiento armado, para despejar dudas de su desaparición.
La decisión fue asumida en Santa Cruz por el juez Sixto Fernández, titular de ese Tribunal, tras difundirse una grabación, atribuida al fiscal del caso, Marcelo Soza, en la que se revela que desaparecieron evidencias.
Juan Carlos Guedes, uno de los 21 procesados, en la defensa material que le concedió el juez, denunció que desapareció el arma de fuego que le vendió a Eduardo Rózsa, cabecilla del presunto grupo terrorista desarticulado en abril de 2009.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en La Paz que la grabación no se constituye en medio probatorio, pues en la legislación nacional, así como a nivel externo, “un audio carece de valor jurídico”. El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, dijo también que las grabaciones como tal no constituyen prueba y que deberá ser el Fiscal General el que determine si se abre o no una investigación sobre el mismo o se lo incluirá dentro de algún proceso judicial.
