El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, denunció que Chile incumplió con los plazos establecidos en la Convención de Ottawa para el desminado de la frontera con Bolivia, por lo que anunció que el Estado exigirá el cumplimiento del compromiso chileno y que este país responda ante los organismos internacionales pertinentes por su accionar en esta materia.
La Convención de Ottawa estable en el parágrafo primero del artículo 5 que “cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte”.
Chile es parte del acuerdo internacional y puso en marcha en 2002 la Comisión Nacional de Desminado (CNAD) para poner en práctica el documento internacional.
“El Estado chileno tiene que cumplir la Convención de Ottawa; esa convención señala que aquellos países que hubieran sembrado minas antipersonales tienen la obligación de desminar. Tenían un plazo hasta el 2011 y no lo cumplieron”, denunció Saavedra en una entrevista con La Razón Digital.
En agosto de 2010 se informó que Chile desactivó 19 mil de las 90 mil minas antipersonales y antitanques sembradas en su frontera con Bolivia. Saavedra y su entonces colega chileno, Jaime Ravinet, certificaron en Arica, entre el 29 y 30 de julio, la desactivación de minas en los campos Tambo Quemado 1 y Tambo Quemado 2.
Las minas antipersonales y antitanques fueron sembradas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet.
“Nosotros como Gobierno boliviano vamos a exigir que se cumpla la Convención de Ottawa; vamos a exigir que la frontera esté libre de minas y serán los organismos internacionales los que tomarán cartas en el asunto”, advirtió el titular de Defensa, quien recordó que Santiago solicitó ampliar por 10 años más el plazo fijado en el documento internacional.
El parágrafo 3 del artículo 5 del documento internacional establece la posibilidad de prórroga del plazo. “Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal”, refiere la norma.
“Han pedido una ampliación y esperamos que Chile cumpla su obligación porque no es solamente con Bolivia, sino es con toda la comunidad internacional. Si no cumple (con el desminado) tendrá que responder ante las instancias internacionales el motivo por los cuales ha incumplido”, advirtió el ministro de Defensa.
