El 56% de mujeres privadas de libertad, 548 personas de un total de 968, está detenida preventivamente o cumple una condena por el delito de narcotráfico, según un estudio de la Defensoría del Pueblo. Solamente el 24% de las reclusas tiene condena.
Según datos del informe, presentado ayer por la institución defensorial en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, las 968 damas están recluidas en ocho cárceles del país, aunque la mayor cantidad se concentra en el eje La Paz (387), Santa Cruz (247) y Cochabamba (177).
El informe detalla que el delito por narcotráfico conlleva actividades como el microtráfico de drogas o el transporte de la sustancia ilícita. En los testimonios, en los que se basa el estudio, las mujeres aseguran que se dedicaron a esa actividad por necesidad y además porque les ofertaban “una situación aparentemente segura”, pero con una remuneración “mínima”. En un segundo orden de delitos destaca los que se denominan contra la vida, entre ellos homicidio y asesinato.
Justicia La investigación defensorial hace hincapié en la retardación de justicia. Según los datos, el 76% de las féminas está detenida preventivamente y sólo 24% cumple una condena. La representante adjunta de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, recomendó a las autoridades de los órganos Judicial y Ejecutivo promover estrategias conjuntas para prevenir, disminuir y evitar ese rezago en la resolución de los procesos.
Otro de los puntos en los que se hace énfasis es la salud. Se encomendó velar por los derechos sexuales y reproductivos porque, si bien hay médicos en las cárceles, no hay especialistas, por ejemplo, en ginecología.
Según el informe, sólo 4% de las privadas de libertad se sometió a la prueba de cáncer de cuello uterino, cuando ese mal es la primera causa de mortalidad femenina. Al respecto, la representante de la Defensoría recomendó a las autoridades garantizar las pruebas gratuitas de papanicolau. Pero las reclusas reclaman más que sólo médicos y enfermeras, también exigen que éstos las atiendan las 24 horas y que las doten de medicamentos.
“¿Dónde está nuestro médico?”, cuestiona la presidenta del Consejo de Delegadas, Casilda Calle. “No ha venido”, responden las internas. “Seguro que está en comisión nuestro médico. Queremos que haya medicamentos, porque los que no tenemos ingresos no podemos comprar cuando nos dan una receta”, afirmó Calle.
La delegada también reclamó condiciones de salubridad, pues conviven “con los chulupis y ratones” y muchas de ellas duermen en el piso. Además, las internas solicitan que la asistencia legal, psicológica y de trabajo social no sea compartida con otros penales, pues justo el momento en el que más lo requieren, los profesionales de esas áreas atienden otros casos o fueron declarados en comisión.
“Nosotros no queremos que miren el delito, sino a la persona. Ven a esta mujer que ha cometido delito, también hay algo bueno, yo soy madre y padre a la vez. ¿Cuántas de mis compañeras trabajan y estudian?”, se preguntó.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, se comprometió a velar por que se penalice el delito y no a la persona. Pidió también que se investiguen las denuncias de discriminación contra las mujeres extranjeras, indígenas y menores de edad, lo que fue evidenciado a través del estudio.
El director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, asumió el compromiso de continuar promoviendo la democratización, así como la constitución de equipos multidisciplinarios, aunque explicó que no todos los problemas pueden ser resueltos por su autoridad.
Reclusas piden crear miniempresas
Las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes demandaron ayer a las autoridades poder crear “miniempresas” que, por ejemplo, les permitan confeccionar prendas para militares o policías.
La presidenta del Consejo de Delegadas del Centro Penitenciario de Obrajes, Casilda Calle, explicó que, a través de esas microempresas y la construcción de ambientes apropiados, podrán redimir sus penas y ahorrar algún ingreso para cuando cumplan su condena. “Nosotros queremos trabajar, queremos reinsertarnos a la sociedad, queremos ganar nuestra platita”, afirmó Calle.
Actualmente, agregó, en ese penal no hay condiciones para que las reclusas puedan aprender ramas técnicas, porque prácticamente los talleres que hay “son conejeros”. Además pidió que el Ministerio de Trabajo les reconozca los beneficios sociales de un obrero.
Un estudio sobre la situación de las mujeres en las cárceles, elaborado por la Defensoría del Pueblo, recomienda impulsar la formación técnico-profesional. El mismo documento refiere a que el 30% de las féminas es jefe de hogar, por lo que deben asegurar un ingreso “a través de estrategias de sobrevivencia”.
